La Fuerza del Pueblo (FP) alertó sobre la creciente inseguridad jurídica que enfrenta la República Dominicana, señalando que esta situación es resultado de una práctica legislativa que califican como «leyes al vapor». La denuncia fue realizada por Hotoniel Bonilla García, titular de la Secretaría de Justicia de la FP, durante la presentación del informe preliminar titulado Estado de Derecho, Sistema de Justicia.
Bonilla García enfatizó que la constante modificación de leyes fundamentales está generando un clima de incertidumbre legal que afecta tanto a ciudadanos como a inversores. En su intervención, mencionó que “la falta de estabilidad en el marco jurídico es un obstáculo para el desarrollo y la inversión en el país”. Esta advertencia se produce en un contexto donde la confianza en las instituciones y el sistema judicial se encuentra en niveles críticos.
Consecuencias de la inestabilidad legal
La FP argumenta que la aprobación apresurada de leyes sin el debido análisis y consenso ha llevado a una serie de problemas que afectan la gobernabilidad. “No podemos permitir que se sigan creando leyes sin un estudio profundo y sin considerar las repercusiones que tendrán en la vida de los dominicanos”, afirmó Bonilla García. Este tipo de legislaciones, según la FP, no solo perjudica la seguridad jurídica, sino que también crea un ambiente propicio para la corrupción y la impunidad.
La denuncia de la FP se enmarca en un contexto más amplio de desconfianza hacia el sistema político y judicial del país. En los últimos años, diversos sectores han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la creación de leyes y la percepción de que estas son impulsadas por intereses particulares en lugar de por el bienestar general. Esto ha llevado a un llamado a la reflexión sobre la necesidad de una reforma legislativa que garantice un proceso más riguroso y participativo.
Además, la FP instó a la ciudadanía a mantenerse alerta y exigir un sistema que respete el estado de derecho y la justicia. “Es fundamental que los ciudadanos se involucren en el proceso legislativo y demanden cambios que fortalezcan nuestras instituciones”, concluyó Bonilla García. La situación actual plantea un reto significativo para el país, donde la estabilidad jurídica es clave para el desarrollo sostenible y la atracción de inversiones.