Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lanzó este domingo una ofensiva contra la criminalidad al prometer implementar una política de «tolerancia cero» si llega a la Presidencia de la República. Durante la juramentación de sus equipos de campaña en la provincia de Azua, el candidato fue contundente: afirmó que las medidas que adoptaría contra la delincuencia dejarían en pequeño al presidente salvadoreño Nayib Bukele, conocido internacionalmente por su estrategia de mano dura.
La declaración de García refleja una apuesta política clara en un país donde la inseguridad ciudadana se mantiene como una de las preocupaciones centrales del electorado dominicano. El candidato pletista busca posicionarse como una alternativa firme frente a administraciones anteriores, utilizando el discurso securitario como eje de su propuesta de gobierno. El contexto electoral de 2026 coloca el tema de seguridad pública en el centro del debate político, con múltiples candidatos intentando diferenciarse mediante promesas de mayor represión contra el crimen.
Un posicionamiento que desafía precedentes internacionales
La comparación con Bukele resulta estratégica y controversial. El mandatario salvadoreño ha ejecutado desde 2022 una de las campañas anticriminalidad más agresivas de América Latina, incluyendo masivas detenciones de pandilleros y condiciones carcelarias extremas. Aunque Bukele mantiene altos índices de aprobación en su país, su modelo también ha generado cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos. Que García se proponga ir más allá sugiere una intensificación aún mayor de medidas punitivas.
El aspirante presidencial del PLD enfrenta, sin embargo, un escenario complejo. República Dominicana tiene experiencias previas con políticas de mano dura que no siempre resolvieron el problema estructural de la criminalidad. Especialistas en seguridad ciudadana señalan que la delincuencia responde a factores multifactoriales: pobreza, falta de oportunidades, tráfico de drogas y debilidad institucional. Una estrategia basada únicamente en represión, sin inversión social y reforma judicial, tiende a generar ciclos de encarcelamiento sin reducción sostenible de crímenes.
García también debe navegar las expectativas que genera su promesa. Afirmar que en dos años transformará radicalmente la seguridad establece un plazo específico que puede convertirse en un pasivo político si los resultados no son tangibles. Los votantes dominicanos, cansados de promesas incumplidas, demandan respuestas concretas: menos homicidios, menos extorsión, menos robos. Las declaraciones retóricas, aunque generan titulares, no garantizan voto cautivo.
La juramentación en Azua también simboliza el esfuerzo del candidato por consolidar presencia territorial. La provincia, como muchas otras en el interior del país, padece problemas graves de seguridad. Traer su mensaje a estos espacios responde a una lógica electoral clara: conectar con votantes locales mediante promesas que responden a sus demandas inmediatas. Sin embargo, la credibilidad de esas promesas dependerá de cómo García las detalle en plataformas posteriores y cómo su partido aborde el tema en gobernanzas locales donde ya tienen responsabilidades.