El abogado Félix Portes ha hecho una grave denuncia sobre la entrega irregular de un detenido al alcalde de San Francisco de Macorís, Antonio (Alex) Díaz Paulino. Según Portes, esta acción representa una violación del debido proceso y exige una investigación inmediata para aclarar las responsabilidades involucradas. El hecho ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando el detenido, Ángel Luis Reyes Moya, fue arrestado por miembros de la Subdirección Regional Noreste de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional.
Portes sostiene que la entrega de Reyes Moya al alcalde, quien no es un funcionario judicial, pone en entredicho la integridad del sistema judicial dominicano. «No se puede permitir que un detenido sea entregado a un político sin el debido proceso», declaró el abogado, enfatizando la necesidad de que las autoridades actúen con transparencia en este caso. La denuncia ha generado un amplio debate sobre la relación entre la política y la justicia en el país.
Contexto sobre la situación judicial en San Francisco de Macorís
La ciudad de San Francisco de Macorís ha sido escenario de diversas controversias relacionadas con la administración de justicia. En los últimos años, se han reportado casos de corrupción y abuso de poder que han socavado la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Este nuevo incidente, que involucra a un alcalde en la entrega de un detenido, añade una capa de complejidad a la ya tensa situación.
La denuncia de Portes ha resonado en la opinión pública y ha llevado a varios sectores a exigir una revisión de los procedimientos policiales y judiciales. La falta de claridad en el manejo de este caso podría tener repercusiones significativas para la administración de justicia en la región. “Es fundamental que se investigue a fondo para que no queden dudas sobre la legalidad de las acciones tomadas”, afirmó Portes.
La reacción del alcalde Díaz Paulino ha sido hasta el momento escasa, lo que ha incrementado las especulaciones sobre su implicación en el caso. La comunidad espera respuestas claras y un compromiso por parte de las autoridades para garantizar que el debido proceso sea respetado. La situación plantea interrogantes sobre cómo se manejan los arrestos y las entregas de detenidos en el contexto político actual.
La exigencia de una investigación no solo busca esclarecer este caso particular, sino que también refleja un llamado más amplio a la rendición de cuentas en el sistema judicial dominicano. La ciudadanía demanda un cambio que asegure que la justicia sea imparcial y que los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos, independientemente de su estatus político o social.