El senador por San Juan Félix Bautista presentó una propuesta legislativa que busca eliminar las penas de cárcel para los delitos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, sustituyéndolas por sanciones económicas. La iniciativa, presentada en el Senado dominicano, se alinea con modelos implementados en varios países latinoamericanos que han optado por despenalizar estas conductas.
Bautista argumentó que múltiples naciones de la región ya han adoptado este enfoque sin afectar el orden público. Argentina, Panamá y Perú figuran entre los ejemplos citados por el legislador, donde las infracciones relacionadas con la expresión se castigan mediante multas y, en algunos casos, servicios sociales. El senador incluso mencionó a Nicaragua como un ejemplo adicional, aunque subrayó que ese país opera bajo un régimen autoritario con prisioneros políticos y ciudadanos en exilio.
Un cambio que genera debate sobre límites y libertades
La propuesta de Bautista toca un debate fundamental en democracias contemporáneas: dónde trazar la línea entre proteger la libertad de expresión y establecer límites cuando esa libertad causa daño. La despenalización de delitos de expresión ha ganado terreno en América Latina, especialmente tras críticas internacionales sobre el uso excesivo de penas de cárcel para silenciar crítica política y periodismo investigativo.
Según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos, varios países latinoamericanos mantienen leyes que permiten encarcelar a periodistas, activistas y ciudadanos por difamación, calumnias o injurias. El cambio hacia sanciones económicas responde a presiones internacionales de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han criticado la criminalización excesiva del ejercicio periodístico y la opinión pública.
La mención de Leah Camp, embajadora de Estados Unidos, sugiere que organismos diplomáticos también han expresado interés en reformas legales que fortalezcan las garantías de libertad de prensa en el país. Washington históricamente ha presionado por cambios legislativos que alineen a naciones aliadas con estándares internacionales de libertad de expresión.
Sin embargo, la propuesta enfrenta cuestionamientos implícitos. Críticos podrían argumentar que las sanciones puramente económicas pueden resultar insuficientes para casos graves de desinformación deliberada, difusión de falsedades con consecuencias públicas o ataques coordinados contra individuos. La clave residirá en cómo se defina exactamente qué conductas relacionadas con la expresión merecen sanciones y bajo qué criterios se establezcan las multas.
La iniciativa de Bautista se alinea con una tendencia regional más amplia de modernizar marcos legales sobre libertad de expresión. Si avanza, representaría un cambio significativo en la jurisprudencia dominicana respecto a cómo la sociedad balance el derecho a comunicar libremente con la protección de otros derechos fundamentales como la honra y la privacidad.