La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que acatará la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional el Decreto 308-06. Esta normativa regulaba los horarios de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales. La decisión del tribunal otorga un plazo de dos años para la vigencia temporal de la normativa actual, lo que implica un cambio significativo en la regulación de la venta de alcohol en el país.
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Raful expresó que la sentencia del TC representa una oportunidad para revisar y ajustar la normativa vigente. “Acataremos la decisión del Tribunal Constitucional, y trabajaremos en conjunto con los sectores involucrados para encontrar un equilibrio que garantice la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”, indicó la ministra.
La sentencia del TC se produce en un contexto donde la regulación de la venta de bebidas alcohólicas ha sido objeto de debate en la sociedad dominicana. La normativa anterior, que limitaba los horarios de venta, fue implementada con el objetivo de reducir el consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias en la seguridad pública. Sin embargo, la decisión del tribunal ha abierto la puerta a una revisión más amplia de las políticas relacionadas con el alcohol en el país.
Implicaciones de la Sentencia
La ministra Raful resaltó que, aunque se acatará la sentencia, es fundamental considerar las implicaciones que esta tendrá en la seguridad ciudadana y el orden público. “Es un reto que debemos enfrentar, y estamos comprometidos a buscar soluciones que beneficien a todos”, afirmó. La funcionaria también mencionó que se establecerán mesas de diálogo con diferentes sectores, incluyendo comerciantes y organizaciones sociales, para abordar el tema de manera integral.
El debate sobre los horarios de venta de bebidas alcohólicas no solo involucra aspectos legales, sino también culturales y sociales. Históricamente, la República Dominicana ha enfrentado desafíos relacionados con el consumo de alcohol, y la regulación ha sido vista como una herramienta para mitigar problemas como la violencia y los accidentes de tránsito. Sin embargo, la reciente decisión del TC plantea la necesidad de encontrar un balance entre la libertad comercial y la protección de la salud pública.
A medida que se aproxima el plazo de dos años establecido por el tribunal, se espera que el Ministerio de Interior y Policía desarrolle un plan que contemple las distintas aristas de la problemática. La ministra Raful concluyó su mensaje enfatizando la importancia de trabajar en conjunto para lograr un ambiente seguro y responsable en la venta de bebidas alcohólicas en el país.