La jueza Nancy I. Salcedo Fernández, segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha decidido no someterse al proceso de evaluación de desempeño para continuar en el alto tribunal. Esta decisión, comunicada al presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luis Abinader, marca el fin de una trayectoria de 42 años en el Poder Judicial.
En su carta, Salcedo Fernández expresó que tomó esta decisión «con la serenidad que da una larga trayectoria», indicando que su tiempo en el sistema judicial ha sido significativo y que es momento de dar un paso al lado. La magistrada, reconocida por su labor en el ámbito judicial, ha sido parte del sistema desde 1981, desempeñando roles importantes que han contribuido al desarrollo de la justicia en el país.
La noticia se produce en un contexto donde el CNM ha estado evaluando a varios magistrados del máximo tribunal. Junto a Salcedo Fernández, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, también ha optado por no repostularse. Esto deja vacantes 11 plazas que serán objeto de evaluación y selección en el futuro cercano.
Implicaciones de la decisión en el sistema judicial
La decisión de Salcedo Fernández y Molina podría tener un impacto significativo en la dinámica del sistema judicial dominicano. La ausencia de estas figuras clave abre la puerta a nuevos magistrados que podrían traer diferentes enfoques y perspectivas al tribunal. Esto es especialmente relevante en un momento en que la justicia en la República Dominicana enfrenta retos importantes, incluyendo la percepción de corrupción y la necesidad de reformas estructurales.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, confirmó la decisión de ambos magistrados y destacó la importancia de su legado en el Poder Judicial. «Ambos han sido pilares en la justicia dominicana», afirmó Peralta, subrayando que su trabajo ha dejado una huella imborrable en la institución.
Con la salida de Salcedo Fernández y Molina, el CNM deberá considerar cuidadosamente a los nuevos candidatos que ocuparán estas posiciones. La evaluación de los aspirantes será crucial para garantizar que el tribunal mantenga su integridad y eficacia en la administración de justicia. La transición también plantea la necesidad de un diálogo amplio sobre el futuro del sistema judicial y las reformas necesarias para fortalecerlo.