El sector empresarial dominicano mantiene firme su posición de que la reforma laboral debe continuar en la agenda del Congreso Nacional, rechazando categóricamente cualquier intento de retirarse del debate legislativo. Ángelo Viro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), expresó su desacuerdo con quienes impulsan apartar el proyecto, argumentando que tal decisión significaría perder meses de negociación y trabajo técnico ya invertido en la iniciativa.
La postura empresarial se ancla en la convicción de que la reforma laboral es necesaria para modernizar el marco regulatorio del país y mejorar la competitividad económica. Los empresarios reconocen que existen diferencias sustanciales con otros sectores, particularmente los sindicatos, pero sostienen que esas divergencias no justifican abandonar el proceso negociador en su etapa actual.
Más allá del rechazo al retiro, el sector empresarial ha intensificado su llamado a reactivar el diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores. Esta mesa de negociación es presentada como el mecanismo idóneo para construir los consensos faltantes antes de una aprobación definitiva. Los empresarios entienden que sin acuerdos mínimos sobre puntos críticos, la reforma enfrenta un riesgo real de fracaso legislativo o de resultar en una ley que no resuelva los problemas reales del mercado laboral.
Negociación estancada pero no definitivamente rota
El proyecto de reforma al Código de Trabajo ha generado fricciones constantes entre los actores sociales desde su presentación. Mientras los empresarios enfatizan la urgencia de modernizar disposiciones sobre jornadas, despidos y negociación colectiva, los sindicatos advierten sobre riesgos para los derechos laborales fundamentales. El gobierno, por su parte, ha intentado mantener cierto equilibrio sin comprometerse públicamente con una posición específica.
La insistencia empresarial en continuar el proceso refuerza un mensaje implícito: retroceder ahora equivaldría a admitir fracaso en la gestión legislativa y debilitaría la credibilidad de futuras iniciativas de reforma. Para el sector privado, el costo político y económico de abandonar la iniciativa supera largamente el de invertir más tiempo en negociaciones, aunque estas sean complicadas.
El sector empresarial también ha señalado que el retiro del proyecto podría interpretarse como capitulación ante presión sindical, un mensaje que podría minar la confianza del empresariado en su capacidad de influir en decisiones legislativas futuras. Esta consideración trasciende la reforma laboral específica y toca aspectos más amplios de gobernanza y capacidad de negociación política.
La próxima fase será determinante. Si las partes logran retomar el diálogo tripartito en términos productivos, la reforma podría avanzar hacia una versión equilibrada. Si las tensiones persisten sin mediación efectiva, el proyecto podría quedar congelado indefinidamente en el Congreso, sin ser retirado formalmente pero tampoco avanzando hacia su aprobación. Los empresarios, con su posición clara, se posicionan como actores que no desistirán fácilmente de una agenda que consideran esencial para la economía dominicana.