El Ministerio de Justicia asume la tutela completa del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) mediante el Decreto 395-26, publicado el pasado 15 de junio por disposición del presidente Luis Abinader. El traspaso de atribuciones y facultades marca un cambio en la estructura institucional para perseguir la restitución de bienes y recursos del Estado que fueron sustraídos o desviados irregularmente.
La medida implica que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo cesa su función tuteladora de las acciones legales relacionadas con la recuperación patrimonial. Este cambio concentra en un solo organismo especializado la responsabilidad de investigar, gestionar y llevar ante los tribunales los casos de patrimonio público comprometido, una operación que requiere coordinación ágil y criterio jurídico específico.
El ERPP, ahora bajo supervisión del Ministerio de Justicia, tendrá que mantener una estrategia articulada con otras instituciones de persecución de la corrupción como la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. La centralización en Justicia responde a la necesidad de agilizar procesos que históricamente han enfrentado obstáculos procedimentales y demoras administrativas.
Una institucionalidad reforzada para casos complejos
La recuperación del patrimonio público en República Dominicana ha sido un desafío constante. Decenas de expedientes sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias y activos diversos permanecen en etapas procesales avanzadas sin sentencia definitiva. El cambio de tutela busca reducir estos tiempos y establecer una línea de comando más directa en decisiones estratégicas sobre qué casos priorizar y cómo instrumentar las pruebas.
El Ministerio de Justicia, encabezado por su cartera, contará ahora con herramientas adicionales para ejecutar confiscaciones administrativas preventivas y coordinar medidas cautelares que resguarden los activos en disputa. Esta potestad, antes diluida entre dos instituciones, permite una respuesta más contundente ante nuevas denuncias de desviación de fondos públicos.
La administración Abinader ha enfatizado su compromiso con la lucha anticorrupción como eje de gobierno. La decisión de fortalecer institucionalmente el ERPP refleja esa línea programática, aunque críticos señalan que los resultados en recuperación de activos siguen siendo limitados respecto a la magnitud de los casos investigados desde el 2020.
El decreto entra en vigencia inmediatamente, lo que significa que los expedientes, personal técnico y presupuesto destinado al ERPP en la Consultoría Jurídica fueron transferidos formalmente al Ministerio de Justicia. Los abogados y especialistas que integran el equipo continuarán sus labores bajo la nueva estructura administrativa, aunque con mayor capacidad de gestión según lo previsto en la normativa de reforma institucional.