El exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha solicitado al presidente Luis Abinader que inicie una investigación exhaustiva e independiente sobre las muertes ocurridas durante operativos policiales en el país. En una carta pública fechada el 22 de octubre, Domínguez Brito expresó su preocupación por la posible existencia de una estructura criminal que busca monopolizar el microtráfico de drogas en la República Dominicana.
Domínguez Brito argumenta que los recientes incidentes de violencia en los que han perdido la vida tanto civiles como miembros de la Policía Nacional requieren una atención inmediata y objetiva. “Es fundamental que se esclarezcan las circunstancias de estas muertes y se garantice la justicia para las víctimas y sus familias”, afirmó en su misiva. La solicitud se produce en un contexto donde la percepción de la seguridad pública ha sido un tema candente en la agenda política nacional.
Contexto de la solicitud de investigación
La Policía Nacional ha estado bajo el escrutinio público debido a varios incidentes recientes que han dejado un saldo trágico. La preocupación de Domínguez Brito se enmarca en un ambiente donde la violencia y el narcotráfico han crecido en los últimos años, lo que ha llevado a la ciudadanía a cuestionar la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno. “No se puede permitir que la impunidad prevalezca”, agregó el exprocurador.
La carta de Domínguez Brito también menciona la necesidad de revisar los protocolos utilizados por la Policía en sus operativos. “Es vital que se establezcan mecanismos de control y supervisión que eviten abusos y garanticen el respeto a los derechos humanos”, subrayó. Esta postura refleja una creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones del Estado.
El llamado a la investigación no solo es un reclamo de justicia, sino que también busca abordar las raíces del problema del narcotráfico en el país. Domínguez Brito sostiene que es imperativo desmantelar cualquier red que esté operando en la clandestinidad y que esté vinculada a la violencia. “El Estado debe actuar con firmeza para erradicar estas estructuras criminales que amenazan la seguridad y la paz social”, concluyó.