La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) frenó en seco las intenciones de Andeclip, tras advertir que las clínicas privadas no pueden suspender servicios médicos a los afiliados de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) por conflictos económicos. La advertencia llegó después de que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas evaluara dejar de atender a estos pacientes debido a diferencias en los pagos y coberturas.
Elías Báez, director general de la DIDA, fue categórico: la prestación de servicios de salud es una obligación legal que no puede ser congelada por disputas financieras entre proveedores y aseguradoras. El funcionario recordó que los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social tienen derechos protegidos que trascienden cualquier conflicto administrativo entre instituciones.
La tensión entre clínicas privadas y ARS no es nueva en el país. Desde hace años, las diferencias sobre tarifas, retrasos en pagos y limitaciones en coberturas generan fricciones que, ocasionalmente, desembocan en amenazas de suspensión de servicios. Sin embargo, cuando estas amenazas se concretan, los pacientes son quienes pagan el costo más alto: demoras en cirugías, rechazos de tratamientos, y caos en la accesibilidad a la atención médica.
El derecho a la salud no es negociable
La DIDA fue explícita en su postura: la atención en salud constituye una obligación legal que no debe estar supeditada a intereses económicos. Esto implica que, independientemente de las deudas o desacuerdos entre clínicas y ARS, los afiliados tienen derecho garantizado a recibir atención en los centros médicos privados acreditados. No es un favor, es un deber regulatorio.
Andeclip había expresado su preocupación por diferencias en los montos que las ARS pagan por los servicios prestados, argumentando que los valores no son suficientes para cubrir los costos operacionales de las instituciones. Este argumento, aunque tiene bases reales en el sector, no justifica abandonar a millones de dominicanos que dependen del sistema de seguridad social.
Lo que está en juego es la estabilidad de un sistema ya frágil. La Republica Dominicana tiene aproximadamente 3.5 millones de afiliados a ARS, muchos de ellos trabajadores de la iniciativa privada y sectores vulnerables que no tienen capacidad de pagar atención médica privada de su bolsillo. Si los centros médicos privados cierran sus puertas, estos pacientes quedarían sin opciones reales de atención.
La DIDA también señaló que existen mecanismos legales y administrativos para resolver las disputas entre clínicas y aseguradoras, sin necesidad de suspender servicios. Ambas partes tienen la responsabilidad de buscar acuerdos que sean viables financieramente, pero siempre manteniendo la atención al paciente como prioridad.
La advertencia del organismo regulador deja claro que cualquier suspensión de servicios será considerada como un incumplimiento de obligaciones legales, con las consecuencias administrativas y fiscales que esto conlleva. En un sector donde la salud es el bien más preciado, no hay espacio para improvisaciones ni para usar a los pacientes como fichas de negociación.