El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) ha revelado que el centro donde fueron hallados 14 menores de edad en un operativo realizado el pasado domingo en Haina, ya había sido intervenido por las autoridades hace aproximadamente un año. La presidenta ejecutiva de Conani, Ligia Pérez Peña, confirmó que en septiembre del 2022 se detectó la presencia de niños en el establecimiento y se coordinó una intervención con las autoridades competentes.
Durante la intervención del año anterior, el centro fue cerrado debido a que no contaba con la autorización necesaria para operar como un lugar de cuidado de menores. La situación fue denunciada por la oficina de Conani en Haina, que tomó medidas inmediatas para proteger a los niños involucrados. Sin embargo, a pesar de esta acción, el establecimiento continuó funcionando, lo que ha generado preocupación sobre la efectividad de las intervenciones realizadas por las autoridades.
Reacciones y medidas posteriores
La reciente intervención ha suscitado reacciones tanto en la comunidad como en el ámbito gubernamental. Pérez Peña expresó su consternación por el hecho de que el centro haya seguido operando a pesar de las advertencias anteriores. “Es inaceptable que un lugar que ya había sido cerrado por irregularidades haya vuelto a abrir sus puertas”, afirmó la funcionaria en una rueda de prensa.
Las denuncias sobre el maltrato a los menores en este centro han sido constantes, lo que ha llevado a Conani a reforzar sus esfuerzos de supervisión y control sobre los centros de atención infantil en el país. La presidenta de Conani anunció que se implementarán medidas más estrictas para garantizar que los centros cumplan con las normativas establecidas y que se realicen inspecciones regulares para evitar que situaciones similares se repitan.
Este caso pone de relieve la necesidad de un sistema más robusto de protección infantil en la República Dominicana. La intervención de Haina no es un hecho aislado; refleja una problemática más amplia que afecta a muchos niños en el país. Las autoridades están bajo presión para asegurar que todos los menores estén protegidos y que los centros que operan en el país cumplan con los estándares de cuidado adecuados.
La situación también ha llevado a un llamado a la acción por parte de organizaciones no gubernamentales y activistas que abogan por los derechos de los niños. Estos grupos han instado al gobierno a tomar medidas más decisivas para erradicar el maltrato infantil y asegurar que todos los menores tengan acceso a un entorno seguro y saludable.