La situación en la Fundación Restaurando Vidas, ubicada en Haina, ha generado un fuerte debate en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Niñez y Familia. Los legisladores expresaron su preocupación tras el hallazgo de varios menores en el establecimiento, que supuestamente había sido intervenido por las autoridades en septiembre de 2025. La inquietud radica en cómo este centro pudo reanudar sus operaciones sin contar con la habilitación necesaria para ofrecer servicios de cuidado a niños, niñas y adolescentes.
Durante la sesión, los diputados cuestionaron la efectividad del seguimiento que realizan las autoridades competentes, como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). «No basta con intervenir un centro; es fundamental que las medidas adoptadas reciban el seguimiento adecuado para garantizar la seguridad de los menores», afirmó un miembro de la comisión. Esta declaración resalta la necesidad de un sistema más riguroso que evite que situaciones similares se repitan en el futuro.
La Fundación Restaurando Vidas había sido objeto de críticas previas debido a su falta de habilitación, lo que plantea interrogantes sobre la supervisión de las instituciones responsables. Según informes, el centro no solo operaba sin los permisos necesarios, sino que también había sido señalado por condiciones inadecuadas para el cuidado de los menores. «Es inaceptable que un lugar así pueda seguir funcionando bajo estas circunstancias», expresó otro diputado durante la discusión.
Falta de regulación y seguimiento
El caso de la Fundación Restaurando Vidas no es aislado. En los últimos años, han surgido múltiples denuncias sobre la falta de regulación en centros de atención a menores en el país. La Comisión de Niñez y Familia ha instado a las autoridades a implementar un sistema de monitoreo más efectivo que asegure el bienestar de los niños bajo su cuidado. «La protección de nuestros menores debe ser una prioridad, y no podemos permitir que se repitan casos de negligencia», subrayó un legislador.
El contexto de esta problemática es complejo. La República Dominicana enfrenta desafíos significativos en la protección de la niñez, con un sistema que a menudo se ve sobrepasado por la demanda y la falta de recursos. La intervención de instituciones como CONANI es crucial, pero debe ir acompañada de un seguimiento constante y una evaluación rigurosa de los centros que operan en el país.
Los diputados han solicitado una investigación exhaustiva sobre cómo la Fundación Restaurando Vidas logró reanudar sus operaciones, así como un informe detallado de las acciones que se están tomando para garantizar la seguridad de los menores. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros niños están en riesgo», concluyó un miembro de la comisión, enfatizando la urgencia de abordar esta situación de manera integral.