Ada Ledesma, acusada en el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), ha obtenido una modificación en su medida de coerción, pasando de prisión preventiva a arresto domiciliario con grillete electrónico. Esta decisión fue tomada por el juez de control de la investigación, Deiby Timoteo Peguero, quien consideró las razones de salud de la imputada. Ledesma deberá además pagar una garantía económica de 20 millones de pesos y presentarse mensualmente ante el fiscal investigador.
Desde diciembre del año pasado, Ledesma se encontraba recluida en la cárcel Najayo-Mujeres. Su caso es parte de una investigación más amplia que involucra a un grupo de diez imputados, liderados por el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel Las Parras. Junto a él, otros seis imputados también están en prisión, mientras que tres más, incluyendo al empresario Eduardo Read Estrella, están bajo arresto domiciliario desde diciembre.
Contexto del caso de corrupción
El fraude al Senasa se estima en casi 16 mil millones de pesos, lo que ha llevado al Ministerio Público a investigar a varios actores involucrados. La fiscal Rosa Alba García ha señalado que la modificación de la medida de Ledesma responde a su estado de salud, aunque la decisión ha generado diversas reacciones en la opinión pública. La defensa de Ledesma presentó documentación que fue considerada por el juez, lo que resultó en la variación de la prisión preventiva.
El Ministerio Público tiene hasta el próximo mes de agosto para presentar la acusación formal en este caso de corrupción, con la posibilidad de que se incluyan nuevos implicados en lo que se ha denominado como Senasa 2.0. Este desarrollo ha mantenido la atención sobre el caso, dado el impacto que ha tenido en el sistema de salud pública del país.
La situación de Ledesma y otros imputados refleja la creciente preocupación por la corrupción en instituciones estatales. La sociedad dominicana espera que las autoridades actúen con firmeza y transparencia en este proceso, que no solo busca justicia para los involucrados, sino también la recuperación de los fondos defraudados al Estado. El caso de Senasa es un recordatorio de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el manejo de recursos públicos.