La abogada especialista en derecho administrativo, Yulibelys Wandelpool, ha manifestado su preocupación sobre la interpretación de la Ley 10-07, que regula el acceso a la información pública en la República Dominicana. Según Wandelpool, esta normativa no otorga al Poder Ejecutivo la facultad de decidir de manera discrecional qué auditorías de la Contraloría General de la República deben ser divulgadas al público. Su pronunciamiento surge en respuesta a la argumentación institucional que sostiene que la ley no obliga a la difusión de estos informes.
Wandelpool subraya que la falta de un mandato expreso de publicación automática en la ley implica que el Ejecutivo no puede ocultar información relevante para la ciudadanía. “La transparencia es un principio fundamental en una democracia, y la ley debe ser interpretada de manera que garantice el acceso a la información pública”, afirmó la abogada. Esta interpretación se vuelve crucial en un contexto donde la rendición de cuentas es cada vez más demandada por la sociedad.
La importancia de la transparencia en la gestión pública
La Ley 10-07 fue promulgada con el objetivo de fomentar la transparencia y el acceso a la información pública, permitiendo que los ciudadanos tengan conocimiento sobre la gestión de los recursos del Estado. Sin embargo, la interpretación de sus disposiciones ha generado controversia. Según Wandelpool, la ley debe ser vista como un instrumento que fortalece la participación ciudadana y la vigilancia sobre el uso de los fondos públicos.
La abogada también destacó que el derecho a la información no solo es un principio legal, sino un derecho humano fundamental. “La ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se manejan sus recursos y qué auditorías se realizan para garantizar la correcta administración pública”, enfatizó. Esta postura resuena con las demandas de diversos sectores de la sociedad civil que exigen mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.
El debate sobre la aplicación de la Ley 10-07 se enmarca en un contexto más amplio de lucha por la transparencia en la gestión pública en la República Dominicana. En los últimos años, han surgido múltiples casos de corrupción que han puesto en tela de juicio la efectividad de los mecanismos de control y fiscalización. La falta de acceso a informes de auditoría puede contribuir a la opacidad y a la desconfianza en las instituciones.
Wandelpool concluye que es fundamental que el Poder Ejecutivo respete y aplique la ley de manera que se garantice el acceso a la información pública. “La ciudadanía necesita saber qué sucede con sus recursos y cómo se están llevando a cabo las auditorías. La transparencia no debe ser una opción, sino un deber de las instituciones”, sentenció. Esta declaración invita a una reflexión sobre el papel de la ciudadanía en la exigencia de una gestión pública más abierta y responsable.