El presidente Luis Abinader admitió este domingo que el Gobierno cometió un error de estrategia al no revisar el Código Penal de manera conjunta con la sociedad civil inmediatamente después de su aprobación. El reconocimiento llega en medio de una ola de críticas de diversos sectores que cuestionan disposiciones del nuevo código, lo que obligó al Poder Ejecutivo a presentar modificaciones legislativas ante el Congreso Nacional.
Las declaraciones presidenciales marcan un giro en la postura oficial respecto a una normativa que ha generado tensión política desde su entrada en vigencia. Abinader enfatizó que las enmiendas consensuadas ya fueron depositadas en el Congreso y aseguró que serán aprobadas antes del 3 de agosto, fecha límite establecida para que la legislación entre plenamente en funcionamiento sin más aplazamientos.
El nuevo Código Penal ha sido blanco de cuestionamientos desde distintos flancos: organizaciones de derechos humanos, grupos feministas, sectores empresariales y profesionales han identificado artículos problemáticos que, según sus análisis, generan vacíos legales o establecen sanciones desproporcionadas. Esta presión social y política obligó al Ejecutivo a iniciar un proceso de revisión que, reconoce ahora el mandatario, debió haberse hecho desde antes.
El precio de la falta de diálogo temprano
El enfoque reactivo del Gobierno contrasta con lo que expertos en política legislativa señalan como una mejor práctica: la consulta pública antes y después de la sanción de leyes complejas. El retraso en esta revisión participativa generó meses de incertidumbre jurídica y desconfianza institucional, especialmente en sectores vulnerables que temían ser criminalizados o desprotegidos bajo las nuevas disposiciones.
La admisión presidencial refleja una realidad política que trasciende lo coyuntural: la aprobación del Código Penal en 2022 fue un proceso acelerado que priorizó el cronograma sobre la consulta. Aunque el documento fue debatido en el Congreso, la participación de sectores organizados fue limitada, dejando fuera perspectivas que luego se mostraron cruciales para la legitimidad de la norma.
Las enmiendas depositadas en el Congreso abordan puntos sensibles que habían generado rechazo organizado. Sin embargo, la naturaleza de estas modificaciones aún no ha sido detallada públicamente de forma exhaustiva, lo que mantiene la incertidumbre sobre si responden efectivamente a las preocupaciones planteadas o constituyen cambios superficiales destinados principalmente a desactiva presión política inmediata.
El Gobierno enfrenta ahora un plazo ajustado para lograr aprobaciones en el Congreso Nacional en medio del receso legislativo del verano. El éxito en esta meta no solo dependerá de la voluntad política del Ejecutivo, sino también de la disposición del Legislativo para procesar modificaciones a una ley que ya ha generado fricciones significativas dentro de la coalición gobernante y en sectores que la respaldan.
El reconocimiento de Abinader deja en evidencia una lección para futuras reformas legales de envergadura: la legitimidad institucional no se construye con rapidez, sino con inclusión deliberada desde los primeros pasos del proceso legislativo.