El presidente Luis Abinader ha tomado la decisión de derogar el decreto 693-24, emitido el 17 de diciembre de 2024, que establecía medidas arancelarias para regular la importación de arroz. Esta acción se formalizó a través del decreto 635-26, publicado el 9 de septiembre de 2026, y tiene como objetivo responder a las nuevas condiciones comerciales que se derivan del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
La derogación de este decreto busca facilitar la importación de arroz, lo que podría generar un impacto significativo en el mercado local. Con esta medida, el gobierno pretende adaptarse a las exigencias del tratado, que busca promover el libre comercio y la competitividad en la región. Sin embargo, esta decisión ha generado diversas reacciones entre los productores nacionales, quienes temen que la apertura de las importaciones afecte su capacidad de competir.
Reacciones del sector agrícola
Los agricultores dominicanos han expresado su preocupación ante la eliminación de las barreras arancelarias. Según José Ramón Peralta, presidente de la Asociación de Productores de Arroz, “esta medida pone en riesgo la producción nacional y podría llevar a la quiebra a muchos agricultores”. La incertidumbre en el sector se agrava por la posibilidad de que el arroz importado, que generalmente es más barato, inunde el mercado local.
Por otro lado, algunos economistas argumentan que la derogación del decreto podría beneficiar a los consumidores al reducir los precios del arroz en el país. “La competencia internacional puede llevar a una disminución de precios, lo que es favorable para el consumidor final”, señala María Elena Cruz, economista y experta en comercio internacional. Sin embargo, también advierte que esto podría tener efectos adversos a largo plazo en la producción local.
En el contexto histórico, la producción de arroz en República Dominicana ha sido un pilar fundamental para la seguridad alimentaria del país. A lo largo de los años, el gobierno ha implementado diversas políticas para proteger a los agricultores locales, pero la presión de los tratados de libre comercio ha llevado a un cambio en esta estrategia. La derogación del decreto 693-24 representa un giro significativo en la política agrícola del país.
La decisión del presidente Abinader también se enmarca en un contexto de creciente presión por parte de sectores empresariales que abogan por una mayor apertura comercial. Sin embargo, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre el libre comercio y la protección de la producción nacional, un tema que seguirá generando debate en los próximos meses.