El colapso del puente provisional en el distrito municipal de Don Juan, Monte Plata, ha generado un llamado urgente a la acción por parte de la Fuerza del Pueblo (FP). El ingeniero Pedro Pablo Díaz, titular de la Secretaría de Urbanismo y Vivienda de la FP, denunció que la situación, provocada por las recientes lluvias, es resultado del «abandono» gubernamental hacia la infraestructura en la región. Esta calamidad ha dejado a miles de familias incomunicadas y ha impactado negativamente las actividades agrícolas locales.
Díaz enfatizó que la falta de mantenimiento y atención a las infraestructuras críticas ha llevado a esta crisis, que no solo afecta la movilidad de los residentes, sino que también pone en riesgo la economía de la comunidad. «El Gobierno debe tomar cartas en el asunto de inmediato y reparar el puente para restablecer la comunicación y la actividad económica en la zona», afirmó el ingeniero durante una rueda de prensa.
Impacto en la comunidad y la agricultura
El colapso del puente ha creado un escenario complicado para los agricultores de la región, quienes dependen de la conectividad para llevar sus productos al mercado. La imposibilidad de acceder a las rutas principales ha generado pérdidas significativas, afectando no solo a los productores, sino también a los consumidores que requieren estos productos frescos. «La situación es crítica, necesitamos una solución rápida», expresó un agricultor local.
La denuncia de la FP se enmarca en un contexto más amplio de descontento ciudadano respecto a la infraestructura pública en el país. La falta de inversión en mantenimiento y construcción de obras viales ha sido un tema recurrente en los últimos años, lo que ha llevado a un deterioro progresivo de la red de caminos y puentes. Esta realidad se ha hecho más evidente tras las lluvias intensas que han azotado varias provincias, dejando al descubierto las deficiencias en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura.
El llamado de la FP no solo busca reparar el puente colapsado, sino también una revisión integral de las políticas de infraestructura del Gobierno. «Es fundamental que se priorice el bienestar de las comunidades y se garantice que las obras públicas sean seguras y funcionales», concluyó Díaz. La situación en Monte Plata es un recordatorio de la necesidad de una gestión responsable y efectiva de los recursos destinados a la infraestructura pública.