El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido un fuerte reproche a la Policía Nacional por su desacato a sentencias previas, en un caso que involucra el reintegro de un excapitán. En la sentencia TC 0986 26, el tribunal calificó a la institución como «reticente» al no cumplir con el pago de salarios atrasados, a pesar de haber reinstalado a Willis Darío Salazar en su puesto. Esta situación ha generado una acumulación de astreintes, que se fijaron en dos mil pesos diarios, hasta que la Policía cumpla con lo ordenado.
El TC ha dejado claro que el incumplimiento de sus decisiones no será tolerado. En su resolución, el tribunal enfatizó que la Policía Nacional debe hacer frente a sus obligaciones legales, incluyendo el pago de los salarios que le adeuda a Salazar. La falta de acción por parte de la institución no solo afecta al individuo en cuestión, sino que también pone en entredicho la autoridad del propio tribunal.
Consecuencias del desacato
El desacato de la Policía Nacional puede tener repercusiones más amplias en el sistema judicial dominicano. La reiterada negativa de la institución a acatar sentencias del TC podría sentar un precedente peligroso, donde el respeto a las decisiones judiciales se vea comprometido. Esto podría desincentivar a otros ciudadanos a buscar justicia a través de los tribunales, si perciben que las instituciones del Estado no están dispuestas a cumplir con las resoluciones.
En el contexto histórico, la relación entre la Policía Nacional y el sistema judicial en República Dominicana ha sido tensa. Los casos de desacato y falta de cumplimiento de sentencias no son nuevos, y han generado un clima de desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre las instituciones del Estado, para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos.
El TC ha instado a la Policía a cumplir con sus obligaciones de manera inmediata, advirtiendo que el astreinte seguirá acumulándose hasta que se realice el pago correspondiente. Esta medida busca asegurar que las decisiones del tribunal no queden en la impunidad y que se respete el principio de legalidad en el país. La atención ahora se centra en cómo responderá la Policía Nacional a este ultimátum y si se tomarán medidas para evitar futuros desacatos.