El aspirante a una posición en la Suprema Corte de Justicia, Erick José Hernández Machado, ha resaltado los retos que el nuevo Código Penal presenta para el Poder Judicial y las empresas en el país. Durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Hernández Machado abordó la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las nuevas obligaciones que deberán cumplir las empresas para prevenir delitos.
El nuevo marco legal, que entrará en vigencia próximamente, introduce cambios significativos en la forma en que se juzgan y sancionan los delitos corporativos. Según Hernández Machado, esto representa un desafío tanto para el sistema judicial como para las empresas, que deberán adaptarse a un entorno normativo más riguroso. «Las empresas tendrán que implementar mecanismos de control interno más efectivos para evitar la comisión de delitos», afirmó durante su exposición.
Implicaciones para el sector empresarial
La responsabilidad penal de las personas jurídicas implica que las empresas no solo serán responsables de sus acciones, sino también de las de sus empleados. Esto significa que, en caso de que se cometan delitos dentro de una organización, la empresa podría enfrentar sanciones severas, incluyendo multas y otras penalizaciones. Hernández Machado enfatizó que «las empresas deben estar preparadas para demostrar que cuentan con políticas adecuadas para prevenir delitos».
Este nuevo enfoque en la responsabilidad penal podría llevar a un aumento en la demanda de servicios legales especializados, así como a la necesidad de formación en ética y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones. Las empresas que no se adapten a estas nuevas exigencias podrían enfrentar no solo repercusiones legales, sino también daños a su reputación.
Desde una perspectiva histórica, la implementación de un código penal más estricto no es un fenómeno aislado en la República Dominicana. A nivel global, muchos países han revisado sus códigos penales para incluir a las personas jurídicas en la responsabilidad penal, reflejando una tendencia hacia una mayor rendición de cuentas en el ámbito empresarial. Este cambio busca asegurar que las empresas actúen de manera ética y responsable, alineándose con las expectativas de la sociedad.
Hernández Machado también mencionó que el Poder Judicial deberá prepararse para enfrentar un aumento en la carga de trabajo, ya que los casos relacionados con delitos corporativos probablemente se incrementarán. «Es fundamental que el sistema judicial cuente con los recursos y la capacitación necesaria para manejar estos nuevos desafíos», subrayó.
En conclusión, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa un cambio significativo en la relación entre el Estado, las empresas y el sistema judicial. Con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el centro del debate, tanto las empresas como el Poder Judicial deberán adaptarse a un nuevo paradigma que busca promover la ética y la transparencia en el ámbito empresarial.