La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una exhaustiva inspección de 337 inmuebles relacionados con contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas entre marzo y agosto de 2026. De estos, 328 contratos recibieron la autorización de no objeción, lo que refleja el compromiso de la institución con la fiscalización técnica de los recursos estatales. Este proceso abarcó un monto total superior a RD 2,011.9 millones y US 33.5 millones.
El contralor general, Gerardo Espinosa, destacó que estas inspecciones son parte de las obligaciones que tiene la CGR para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos. “La fiscalización técnica es fundamental para asegurar que los contratos de alquiler cumplan con los estándares establecidos y que los recursos sean utilizados de manera eficiente”, afirmó Espinosa durante una rueda de prensa.
Objetivos y metodología de la fiscalización
El proceso de inspección se realizó en un periodo de cinco meses, donde se revisaron minuciosamente los contratos y las condiciones de los inmuebles arrendados. La CGR tiene como objetivo principal prevenir el uso inadecuado de los recursos del Estado y asegurar que las instituciones públicas operen en espacios que cumplan con las normativas vigentes.
Las inspecciones incluyeron la verificación del estado físico de los inmuebles, así como el cumplimiento de los términos contractuales. Este enfoque permite identificar posibles irregularidades y garantizar que los alquileres se ajusten a las necesidades reales de las instituciones. Espinosa enfatizó que “la transparencia en la gestión pública es un pilar fundamental para la confianza ciudadana”.
La CGR también ha implementado un sistema de seguimiento que permite monitorear los contratos de alquiler a lo largo de su duración, asegurando así que cualquier desviación sea detectada y corregida a tiempo. Este enfoque proactivo es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la rendición de cuentas en el sector público.
La importancia de estas inspecciones radica no solo en el control financiero, sino también en la mejora de la calidad de los servicios que las instituciones públicas ofrecen a la ciudadanía. Al asegurar que los espacios de trabajo sean adecuados y cumplan con las normativas, se contribuye a una administración pública más eficiente y responsable.
Con estas acciones, la Contraloría General de la República reafirma su compromiso con la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos, elementos esenciales para el desarrollo sostenible del país. La fiscalización técnica, en este sentido, se convierte en una herramienta clave para fomentar la confianza en las instituciones del Estado.