El abogado Julio de la Rosa Tiburcio ha anunciado la presentación de un recurso judicial contra Juan Manuel Méndez, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por presunto incumplimiento de la Ley 63-17 sobre movilidad. La acción legal, que se espera sea depositada en las próximas horas, busca un amparo de cumplimiento para que se aplique la normativa y la Resolución 003-2026, emitida el 10 de febrero de este año, que regula el tránsito de vehículos en las autopistas del país.
Según de la Rosa, la falta de implementación de estas regulaciones ha generado un aumento en los accidentes de tránsito y ha puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos. «La ley es clara y su incumplimiento por parte del Intrant es inaceptable», afirmó el abogado. La demanda se fundamenta en la necesidad de garantizar un tránsito seguro y ordenado en las vías del país, especialmente en las autopistas donde la velocidad y el flujo vehicular son críticos.
Contexto de la Ley 63-17 y su aplicación
La Ley 63-17 fue promulgada con el objetivo de regular la movilidad y el transporte terrestre en la República Dominicana, estableciendo un marco legal que busca mejorar la seguridad vial y promover un transporte sostenible. A pesar de su importancia, la implementación efectiva de sus disposiciones ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, que consideran que el Intrant no ha cumplido con su responsabilidad de hacer cumplir la ley.
La Resolución 003-2026 es un componente clave de esta legislación, ya que establece restricciones específicas sobre el tránsito de ciertos vehículos en las autopistas, buscando reducir la congestión y los accidentes. Sin embargo, la falta de control y supervisión ha llevado a que muchos conductores ignoren estas regulaciones, lo que ha motivado la acción legal presentada por de la Rosa.
La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad del Intrant para hacer cumplir las leyes de tránsito y garantizar la seguridad en las carreteras. «Es fundamental que las autoridades tomen medidas inmediatas para corregir esta situación y proteger a los ciudadanos», concluyó el abogado. La demanda contra Méndez podría marcar un precedente importante en la lucha por la implementación efectiva de la ley y la mejora de la seguridad vial en el país.