El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de cohecho y se le inhabilitó permanentemente para ejercer cargos públicos. La sentencia fue emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia en Quito, que determinó que Moreno recibió sobornos para favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el mayor proyecto hidroeléctrico del país. El exmandatario, de 73 años, estuvo presente durante la lectura del fallo.

La condena se produce en el marco de un escándalo de corrupción que ha sacudido a la política ecuatoriana en los últimos años. La construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que comenzó en 2010 y se inauguró en 2016, ha sido objeto de múltiples investigaciones debido a irregularidades en su financiamiento y ejecución. Según el tribunal, Moreno facilitó gestiones para que la empresa china obtuviera el contrato, a cambio de sobornos que se habrían canalizado a través de intermediarios.

Contexto de corrupción en Ecuador

Ecuador ha enfrentado una serie de escándalos de corrupción que han involucrado a varios de sus líderes políticos. Desde el gobierno de Rafael Correa, sucesor de Moreno, hasta la administración actual, la corrupción ha sido un tema recurrente en la agenda pública. La condena de Moreno se suma a una lista de exfuncionarios y empresarios que han sido procesados por delitos similares, lo que refleja un patrón de prácticas corruptas que han afectado la confianza en las instituciones del país.

La decisión del tribunal también resalta la importancia de la lucha contra la corrupción en Ecuador, un tema que ha sido central en las campañas políticas y que ha generado un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas. La inhabilitación de Moreno para ocupar cargos públicos significa que no podrá participar en la política activa, cerrando así un capítulo en su carrera que comenzó con promesas de cambio y terminó en un escándalo de corrupción.

Moreno, quien gobernó el país entre 2017 y 2021, ha enfrentado críticas por su gestión y por su relación con el legado de Correa. A pesar de haber sido elegido como un candidato de cambio, su administración se vio marcada por controversias, que culminaron en esta condena. La sentencia es un recordatorio de que la justicia puede alcanzar incluso a los más altos funcionarios, aunque el camino hacia la transparencia en el país aún es largo.

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