El Poder Ejecutivo de la República Dominicana ha presentado un proyecto de ley en el Senado con el objetivo de derogar la Ley 47-20, que regula las Alianzas Público-Privadas (APP) desde su promulgación el 21 de febrero de 2020. La iniciativa fue entregada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Andrés Lugo, en un contexto donde se busca establecer un nuevo marco regulatorio para las APP en el país.
La propuesta de derogación surge en medio de un debate sobre la efectividad y transparencia de la ley vigente, que ha sido objeto de críticas por su implementación y los resultados obtenidos hasta la fecha. Durante la entrega del proyecto, Paliza enfatizó que “es necesario adaptar el marco legal a las realidades actuales y a las necesidades del país”, lo que indica un cambio en la estrategia del gobierno hacia las alianzas entre el sector público y privado.
Nuevas perspectivas para las Alianzas Público-Privadas
El nuevo proyecto de ley busca crear un sistema más robusto y eficiente que promueva la inversión privada en infraestructura y servicios públicos, garantizando al mismo tiempo la transparencia en los procesos de contratación. Según el ministro Paliza, “la nueva legislación permitirá atraer más inversiones y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”.
La Ley 47-20 ha sido criticada por diversos sectores, quienes argumentan que su aplicación ha estado marcada por la falta de claridad y la opacidad en los contratos. La derogación de esta ley podría abrir la puerta a un marco más flexible y adaptado a las exigencias del sector privado, lo que podría resultar en un aumento significativo de la inversión en proyectos de infraestructura.
Históricamente, las APP han sido vistas como una solución para el financiamiento de grandes proyectos en el país, pero su éxito depende de un marco legal que asegure tanto la rentabilidad para los inversionistas como el beneficio para la población. La propuesta del gobierno, al buscar derogar la ley actual, pretende abordar estas preocupaciones y establecer un nuevo estándar en la gestión de las alianzas.
Con la presentación de este proyecto, el gobierno dominicano inicia una nueva etapa en su relación con el sector privado, buscando no solo mejorar la inversión en infraestructura, sino también fomentar un ambiente de confianza y colaboración entre ambos sectores. La discusión en el Senado será crucial para determinar el futuro de las APP en el país y la dirección que tomará el desarrollo de proyectos públicos en los próximos años.