El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha emitido un memorándum interno en el que establece un plazo de 30 días para que los funcionarios de la institución presenten su declaración jurada de patrimonio. Esta medida, anunciada el 22 de agosto de 2026, busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la entidad policial, y advierte que el incumplimiento resultará en la destitución de los funcionarios responsables.
Rodríguez García, quien asumió el cargo recientemente, enfatizó la importancia de la declaración de patrimonio como un mecanismo para combatir la corrupción y fortalecer la confianza pública en la Policía. En su comunicado, el director subrayó que “la transparencia es fundamental para el buen funcionamiento de la institución” y que cada miembro debe estar comprometido con estos principios.
Compromiso con la transparencia institucional
La medida se enmarca en un contexto más amplio de reformas dentro de la Policía Nacional, que busca modernizar la institución y adaptarla a las exigencias de la sociedad dominicana. La declaración de patrimonio es un requisito legal que obliga a los funcionarios a informar sobre sus bienes y recursos, lo que permite un mayor control sobre su gestión y evita posibles abusos de poder.
En su memorándum, Rodríguez García recordó que la ley establece esta obligación y que su cumplimiento es esencial para mantener la integridad de la Policía. “No podemos permitir que la desconfianza se instale entre la ciudadanía. Cada uno de nosotros debe ser un ejemplo de honestidad y transparencia”, afirmó el director.
La reacción a esta disposición ha sido positiva entre diversos sectores de la sociedad, que ven en ella un paso necesario hacia la reforma policial. Sin embargo, también existen voces críticas que cuestionan la efectividad de estas medidas si no van acompañadas de un cambio cultural dentro de la institución. Expertos en seguridad pública advierten que la transparencia debe ir más allá de la declaración de bienes y que es fundamental implementar mecanismos de supervisión y auditoría.
La decisión de Rodríguez García se produce en un momento en que la Policía Nacional enfrenta desafíos significativos en cuanto a su imagen y credibilidad. La percepción de corrupción y abuso de poder ha sido un tema recurrente en la opinión pública, lo que ha llevado a la necesidad de reformas profundas y sostenidas.
En conclusión, el plazo de 30 días para la declaración de patrimonio es un primer paso en la dirección correcta, pero el éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad de los funcionarios de cumplir con la normativa y de la implementación de medidas adicionales que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la Policía Nacional.