Un nuevo proyecto de ley en el Congreso busca aumentar la distancia mínima entre las bancas de lotería y lugares sensibles como escuelas e iglesias, pasando de 200 a 500 metros. Esta iniciativa, que ha generado un intenso debate, tiene como objetivo regular la proliferación de estos establecimientos en áreas que son consideradas de alta importancia comunitaria. Sin embargo, la propuesta también incluye una excepción polémica que podría socavar su efectividad.
La medida surge en respuesta a años de críticas sobre la ubicación de las bancas de lotería, que a menudo se encuentran a escasa distancia de centros educativos y religiosos. La intención de los legisladores es proteger a los jóvenes y a la comunidad en general de la influencia que pueden ejercer estos negocios. Al aumentar la distancia, se espera que se reduzca la exposición de los menores a la cultura del juego y sus posibles consecuencias negativas.
Excepción que genera controversia
A pesar de la buena intención detrás del proyecto, la inclusión de una excepción ha suscitado preocupaciones. Las bancas que ya operan en las proximidades de las escuelas y otros espacios protegidos podrán continuar funcionando, lo que plantea la pregunta sobre la efectividad de la ley. “No se puede permitir que las bancas existentes sigan afectando a la comunidad, mientras se intenta regular el futuro”, argumentó un miembro del Congreso que se opone a la medida.
El proyecto también amplía los lugares considerados como «protegidos», incluyendo parques y centros deportivos, lo que podría limitar aún más la ubicación de nuevas bancas. Sin embargo, el hecho de que las que ya están establecidas puedan continuar operando crea un vacío que muchos consideran problemático. “La ley debe ser justa y aplicarse a todos por igual”, declaró un activista que aboga por la reforma.
Históricamente, la presencia de bancas de lotería ha sido un tema controversial en la República Dominicana. Estas han sido vistas como una fuente de ingresos para muchas familias, pero también han sido criticadas por su impacto social. La nueva legislación intenta equilibrar estos intereses, aunque la controversia sobre la excepción podría desvirtuar sus objetivos iniciales.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en discusión en el Congreso, y se espera que se realicen más debates en las próximas semanas. A medida que se avanza en el proceso legislativo, la opinión pública se polariza, con algunos apoyando la medida y otros cuestionando su efectividad. La resolución de esta situación podría sentar un precedente para futuras regulaciones en el sector de juegos de azar en el país.