La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha expresado su firme oposición a las recientes propuestas legislativas que buscan crear dos nuevas provincias en la República Dominicana. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó estas iniciativas como una «locura», argumentando que elevar el número de provincias a 33, además del Distrito Nacional, no responde a las necesidades del país.
Las propuestas, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, incluyen la división de la provincia Santo Domingo y la creación de una nueva provincia en el suroeste del país. Castaños Guzmán advirtió que estas medidas podrían generar más problemas que soluciones, al tiempo que cuestionó la viabilidad de las mismas en un contexto donde la eficiencia administrativa es crucial.
Implicaciones de la creación de nuevas provincias
Según FINJUS, la creación de nuevas provincias podría resultar en un aumento innecesario de la burocracia y los gastos públicos. «La administración pública ya enfrenta desafíos significativos en términos de recursos y eficiencia. Agregar más provincias complicaría aún más la situación», afirmó Castaños Guzmán durante una rueda de prensa.
Además, el vicepresidente de FINJUS destacó que el país necesita una reestructuración más profunda de su sistema administrativo, en lugar de simplemente aumentar el número de demarcaciones. «Lo que realmente necesitamos es una reforma que optimice los recursos existentes y mejore la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía», agregó.
En el contexto actual, donde la población dominicana enfrenta múltiples desafíos, desde la inseguridad hasta la falta de servicios básicos, la creación de nuevas provincias podría desviar la atención y los recursos de problemas más urgentes. La propuesta ha generado un amplio debate entre legisladores y ciudadanos, quienes se dividen entre quienes apoyan la creación de nuevas demarcaciones y quienes consideran que es innecesaria.
La discusión sobre la creación de nuevas provincias no es un tema nuevo en la República Dominicana. Históricamente, ha habido propuestas similares que han sido rechazadas por diversas razones, incluyendo la falta de justificación económica y la preocupación por la fragmentación del territorio. En este sentido, la posición de FINJUS se alinea con una tendencia más amplia que aboga por la racionalización de la administración pública en lugar de su expansión.
La posición de FINJUS resuena en un momento en que el país busca soluciones efectivas a sus problemas estructurales. La organización ha instado a los legisladores a enfocarse en políticas que fortalezcan la institucionalidad y la justicia social, en lugar de proponer cambios que podrían resultar contraproducentes para el desarrollo del país.