El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, denunció que las propuestas de la oposición para modificar el nuevo Código Penal no fueron consideradas durante el proceso legislativo. Esta afirmación se realizó el lunes 3 de agosto, coincidiendo con la entrada en vigencia de la nueva normativa, que ha generado un amplio debate en el país. Crespo subrayó que solo se tomaron en cuenta las opiniones de los diputados del Gobierno, lo que, según él, limita el consenso necesario para una ley de tal importancia.
Durante una rueda de prensa, Crespo expresó su preocupación por la falta de diálogo y colaboración en la creación de un marco legal que afectará a todos los ciudadanos. “Las propuestas de la oposición fueron ignoradas, lo que demuestra una falta de interés por parte del Gobierno en construir un Código Penal que refleje las necesidades y preocupaciones de la población”, afirmó el legislador. Esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y la inclusividad del proceso legislativo.
Reacciones y consecuencias del nuevo Código Penal
El nuevo Código Penal ha sido objeto de críticas no solo por la oposición, sino también por diversos sectores de la sociedad civil. La falta de un consenso amplio podría generar conflictos legales y sociales, especialmente en temas sensibles como la violencia de género y los derechos humanos. Crespo enfatizó que “una ley que no cuenta con la participación de todos los actores relevantes no puede considerarse legítima”.
Históricamente, la creación de leyes en República Dominicana ha estado marcada por la polarización política. La oposición ha señalado que esta tendencia se ha intensificado en los últimos años, lo que dificulta la formulación de políticas públicas efectivas. La situación actual del Código Penal es un reflejo de esta problemática, donde la falta de diálogo puede tener repercusiones negativas en la implementación de la ley.
La controversia en torno al nuevo Código Penal plantea interrogantes sobre el futuro del sistema judicial en el país. La falta de consenso puede llevar a una aplicación desigual de la ley, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Crespo concluyó su intervención afirmando que “es fundamental que el Gobierno reconsidere su postura y abra espacios para el diálogo con la oposición y la sociedad civil”.