A un hombre identificado como Rine Liranzo García se le impuso una medida de prisión preventiva de tres meses tras ser acusado de destruir intencionalmente varios medidores de energía eléctrica en Puerto Plata. La decisión fue tomada por un tribunal local a solicitud de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), que busca garantizar la seguridad y el orden en el suministro eléctrico de la región.
Los incidentes ocurrieron en un contexto de creciente preocupación por el vandalismo y el sabotaje a la infraestructura eléctrica en el país. La empresa Edenorte Dominicana, responsable de la distribución de energía en la zona, ha reportado un aumento en los actos de destrucción de sus propiedades, lo que afecta no solo su operación, sino también a los usuarios que dependen del servicio eléctrico.
Reacciones y contexto del vandalismo eléctrico
El tribunal dictó la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, donde Liranzo García deberá permanecer mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso. Este tipo de acciones delictivas han generado un llamado a la acción por parte de las autoridades, quienes buscan implementar medidas más estrictas para proteger la infraestructura eléctrica del país.
Las autoridades han enfatizado la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de estos delitos. «Es fundamental que la comunidad se involucre y reporte cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo el servicio eléctrico», declaró un portavoz de la PGASE. La destrucción de medidores no solo representa una pérdida económica para las empresas, sino que también puede provocar interrupciones en el suministro de energía a los hogares y negocios.
La situación en Puerto Plata refleja un problema más amplio que afecta a diversas provincias del país, donde el vandalismo a la infraestructura eléctrica se ha convertido en una preocupación constante. Las empresas de energía están trabajando en conjunto con las autoridades para establecer medidas de seguridad más eficaces y así minimizar el impacto de estos actos delictivos en la población.