El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra José Manuel Casado Bazil, gerente de Constructora Jocaena, S.R.L., por su presunta implicación en la doble venta de un inmueble. La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional debido a supuestas violaciones al Código Penal y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
La investigación revela que los querellantes firmaron en julio de 2022 un contrato para adquirir un apartamento, sin embargo, el mismo inmueble fue vendido a otra persona. Esta situación ha generado un fuerte malestar entre los afectados, quienes han denunciado la falta de transparencia y la posible estafa por parte de la constructora. La solicitud de prisión preventiva busca garantizar que el gerente no eluda la justicia mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Detalles del caso y su impacto en el sector inmobiliario
La denuncia contra Casado Bazil se inscribe en un contexto más amplio de irregularidades en el sector inmobiliario dominicano, donde casos de doble venta y fraudes han sido recurrentes. Según las autoridades, este tipo de prácticas no solo perjudican a los compradores, sino que también afectan la reputación del sector en su conjunto. La Ley 155-17 fue implementada para combatir el lavado de activos y la corrupción, y su aplicación en este caso podría sentar un precedente importante.
Los querellantes han expresado su confianza en que la justicia actuará de manera efectiva. “No podemos permitir que personas como José Manuel Casado continúen operando con impunidad”, declaró uno de los afectados. La situación ha llevado a un llamado a la acción por parte de organizaciones que abogan por la transparencia en el sector de la construcción, demandando regulaciones más estrictas y un mayor control por parte de las autoridades.
Este caso también resalta la necesidad de que los compradores de propiedades realicen una debida diligencia antes de adquirir inmuebles. La falta de información y la confianza ciega en las constructoras pueden llevar a situaciones complicadas y costosas. La comunidad afectada espera que, además de la justicia para los involucrados, se implementen medidas que protejan a futuros compradores de fraudes similares.