La magistrada del Tribunal Superior Electoral (TSE), Rafaelina Peralta Arias, ha expresado su firme desacuerdo con el artículo 13 del reglamento de la Junta Central Electoral (JCE), que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera del período formal de precampaña. En un voto disidente que acompaña la sentencia TSE 0025 2026, Peralta argumenta que esta disposición excede la potestad reglamentaria de la JCE y vulnera derechos fundamentales, lo que podría tener repercusiones significativas en el contexto electoral dominicano.
El reglamento en cuestión ha sido objeto de controversia, ya que limita la capacidad de los medios de comunicación y de los ciudadanos para acceder a información sobre las preferencias electorales. La magistrada Peralta sostiene que la prohibición no solo afecta la transparencia del proceso electoral, sino que también restringe la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales en una democracia.
Contexto del debate sobre encuestas electorales
La discusión sobre la regulación de las encuestas electorales en República Dominicana no es nueva. En el pasado, diversas organizaciones y partidos políticos han cuestionado la forma en que la JCE maneja la publicación de estos sondeos. La prohibición actual, según Peralta, no solo es un obstáculo para la libre circulación de información, sino que también podría influir en la percepción pública y en la toma de decisiones de los votantes.
El TSE, en su mayoría, se declaró incompetente para conocer el recurso presentado por Justicia sin Fronteras, que buscaba anular el reglamento de la JCE. En lugar de resolver el fondo del asunto, el tribunal decidió remitir el expediente al Tribunal Constitucional (TC), lo que ha generado críticas y preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial y electoral en el país. La decisión ha dejado a muchos preguntándose si la JCE tiene la autoridad para imponer restricciones que afectan derechos fundamentales.
La postura de la jueza Peralta ha resonado entre sectores de la sociedad que abogan por una mayor transparencia en los procesos electorales. «Es esencial que los ciudadanos tengan acceso a información veraz y oportuna sobre las encuestas, especialmente en un contexto donde las decisiones políticas son cada vez más complejas», afirmó Peralta en su disidencia. Su argumento se alinea con las demandas de varios grupos que consideran que la regulación actual es un intento de silenciar voces y limitar el debate público.
Este conflicto entre la JCE y el TSE plantea interrogantes sobre el futuro de la regulación electoral en el país. A medida que se acercan las elecciones, la presión para revisar y posiblemente modificar el reglamento de encuestas se intensificará. La decisión del TC será crucial para definir el equilibrio entre la autoridad de la JCE y la protección de los derechos ciudadanos, un tema que seguirá generando debate en los próximos meses.