El diputado Ramón Raposo expresó su desacuerdo con la reciente aprobación del nuevo Código Penal, argumentando que la legislación aún presenta debilidades significativas en varias de sus disposiciones. Durante una rueda de prensa, Raposo subrayó que las modificaciones realizadas no abordan de manera efectiva las preocupaciones que él y otros legisladores tienen sobre el contenido del código.
Raposo, quien forma parte de la bancada del Partido Reformista Social Cristiano, indicó que su voto en contra se debió a que considera que, a pesar de las reformas, persisten deficiencias en la normativa. “Las modificaciones introducidas solo flexibilizan parcialmente algunos artículos, pero no resuelven las realidades que presenta el Código Penal”, afirmó el legislador. En particular, se refirió al artículo 310, que trata sobre el ultraje a los funcionarios, señalando que aún no es lo suficientemente robusto para proteger adecuadamente a los servidores públicos.
Debilidades en el Código Penal
El legislador destacó que la aprobación del nuevo Código Penal debería haber sido una oportunidad para abordar problemas estructurales en el sistema judicial dominicano. Según Raposo, la falta de un enfoque integral en la reforma del código podría perpetuar la impunidad y debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “Es fundamental que el Código Penal refleje una verdadera justicia y no se limite a cambios superficiales”, añadió.
La discusión sobre el nuevo Código Penal ha sido un tema candente en la agenda política del país. Desde su propuesta inicial, ha enfrentado críticas de diversos sectores, incluidos abogados, académicos y organizaciones de derechos humanos. Muchos argumentan que la reforma debe ser más profunda y considerar las realidades sociales y económicas que afectan a la población dominicana.
El diputado Raposo también hizo un llamado a sus colegas para que se unan en la búsqueda de un código que realmente responda a las necesidades del país. “No podemos permitir que la legislación se convierta en un mero trámite; necesitamos un marco legal que garantice derechos y protecciones efectivas para todos”, concluyó. Su postura resuena en un contexto donde la reforma del sistema judicial es vista como un paso crucial para el desarrollo democrático de la República Dominicana.