El Ministerio Público ha decidido apelar el perdón judicial otorgado a Wander Franco, un pelotero que fue hallado culpable de abuso infantil en un segundo juicio. La apelación fue presentada ante el Departamento Judicial de Puerto Plata, donde los fiscales argumentan que la decisión del tribunal no se ajusta a la gravedad de los delitos cometidos ni al daño causado a la víctima, una menor de 14 años.
En la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, Franco fue declarado penalmente responsable por abuso sexual y psicológico en perjuicio de la adolescente. Sin embargo, el tribunal también le otorgó un perdón judicial, lo que ha generado una fuerte controversia en la sociedad dominicana. Los fiscales consideran que esta decisión minimiza el impacto del delito y envía un mensaje negativo sobre la justicia en casos de abuso infantil.
El recurso de apelación, formalizado contra la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, busca revertir el perdón judicial y asegurar que Franco enfrente las consecuencias de sus acciones. “El perdón judicial no se ajusta a los daños causados a la víctima y a la sociedad”, señalaron los representantes del Ministerio Público en su solicitud.
Reacciones en la sociedad dominicana
La decisión del tribunal ha provocado reacciones encontradas entre la población. Muchos ciudadanos expresan su preocupación por la percepción de impunidad en casos de abuso sexual, especialmente cuando la víctima es una menor. Activistas y organizaciones de derechos humanos han manifestado su apoyo al Ministerio Público en su intento por apelar la sentencia.
El caso de Wander Franco ha puesto de relieve la necesidad de revisar y fortalecer las leyes relacionadas con el abuso infantil en la República Dominicana. La sociedad exige un enfoque más riguroso y sensible hacia las víctimas, así como un compromiso firme por parte de las autoridades para garantizar que se haga justicia en estos casos.
A medida que avanza el proceso de apelación, se espera que el Ministerio Público presente argumentos que resalten la importancia de proteger a las víctimas y de asegurar que los perpetradores de delitos sexuales enfrenten las consecuencias adecuadas. La atención pública sobre este caso podría influir en futuras decisiones judiciales y en la forma en que se manejan los casos de abuso en el país.
La apelación del Ministerio Público es un paso significativo en la búsqueda de justicia para la menor afectada y un recordatorio de que la lucha contra el abuso infantil debe ser una prioridad en la agenda nacional. La sociedad dominicana observa con atención el desarrollo de este caso, esperando que se tomen decisiones que realmente reflejen el compromiso con la justicia y la protección de los más vulnerables.