La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, ha generado controversia tras cambiar su postura sobre el exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz. En un reciente pronunciamiento, Ortiz Bosch afirmó que no considera que Féliz estuviera implicado en las irregularidades que llevaron a su destitución, contradiciendo así el informe emitido por la DIGEIG hace cinco meses, que respaldó la decisión del presidente Luis Abinader de destituirlo.
Durante una rueda de prensa, Ortiz Bosch expresó: «Yo no creo que el rector estuviera implicado en eso», refiriéndose a las investigaciones sobre cobros irregulares a empleados del ITLA. Esta declaración ha suscitado críticas y confusión, ya que en el informe anterior se recomendaba iniciar un procedimiento disciplinario en contra de Féliz por las irregularidades detectadas.
Inconsistencias en la gestión de la ética gubernamental
El cambio de posición de Ortiz Bosch plantea interrogantes sobre la coherencia de la DIGEIG en la supervisión de la ética dentro del gobierno. En el informe de hace cinco meses, la DIGEIG documentó una serie de irregularidades que incluían la exigencia de porcentajes económicos a los colaboradores del ITLA, lo que justificó la destitución de Féliz. Sin embargo, la nueva postura de Ortiz Bosch parece minimizar la gravedad de las acusaciones.
La situación se complica aún más si se considera que la DIGEIG tiene la responsabilidad de asegurar la integridad en las instituciones gubernamentales. La falta de consistencia en sus declaraciones puede afectar la credibilidad de la entidad y generar desconfianza entre los ciudadanos sobre la lucha contra la corrupción.
La defensa de Féliz ha sido respaldada por algunos sectores que consideran que su destitución fue precipitada y que las acusaciones carecen de fundamento. Sin embargo, la postura de Ortiz Bosch podría interpretarse como un intento de distanciarse de una decisión que, en su momento, fue respaldada por el gobierno. Esta contradicción podría tener repercusiones en la percepción pública de la administración de Abinader.
En el contexto de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, este caso resalta la necesidad de una mayor transparencia y consistencia en las acciones del gobierno. La capacidad de las instituciones para manejar casos de irregularidades es crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema político.