El ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha hecho serias acusaciones sobre la corrupción en las fuerzas de seguridad del país. Durante una reciente declaración, el político, quien también aspira a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que los ascensos y puestos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son adquiridos a través de pagos. Esta revelación ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la ética dentro de estas instituciones.
Domínguez Brito, que ha ocupado el cargo de procurador en dos ocasiones, expresó su preocupación por el estado actual de las fuerzas del orden. “Para que un miembro de la Policía o de las Fuerzas Armadas logre un ascenso o sea enviado a dirigir una dotación, tiene que pagar por ello”, afirmó. Estas declaraciones ponen de manifiesto una problemática que ha sido objeto de críticas en diversas ocasiones, pero que ahora cobra mayor relevancia en el contexto político actual.
Implicaciones de la corrupción en las fuerzas de seguridad
La corrupción en las instituciones de seguridad no solo afecta la moral de los cuerpos policiales y militares, sino que también tiene repercusiones directas en la seguridad ciudadana. La percepción de que los ascensos se compran puede desincentivar a los agentes que realmente trabajan por méritos y pueden generar desconfianza entre la población. “Es un ciclo vicioso que perjudica a la sociedad”, agregó Domínguez Brito.
Este tipo de prácticas no son nuevas en la historia de la Policía y las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. A lo largo de los años, ha habido múltiples denuncias sobre la falta de transparencia en los procesos de selección y ascenso, lo que ha llevado a cuestionar la legitimidad de los líderes en estas instituciones. La situación actual exige una revisión profunda de los procedimientos internos y una mayor rendición de cuentas.
Las declaraciones del ex procurador coinciden con un momento crítico en el país, donde la seguridad y la confianza en las instituciones están bajo la lupa. La ciudadanía demanda cambios estructurales que garanticen que los puestos de mando sean ocupados por individuos competentes y no por aquellos que pueden pagar por un rango. “Es hora de que se tomen medidas concretas para erradicar esta práctica”, concluyó Domínguez Brito.