El presidente Luis Abinader anunció que el Poder Ejecutivo depositó un conjunto de modificaciones al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento en el Congreso Nacional, buscando equilibrar la libertad de expresión con la protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas. El mandatario descartó categóricamente que se trate de una «ley mordaza», asegurando que el proyecto responde a un consenso previo entre instituciones y sectores clave del país.
Según informó Abinader durante una entrevista con medios de comunicación, estas modificaciones fueron depositadas el viernes anterior a su anuncio. El presidente enfatizó que la iniciativa no pretende limitar la libertad de prensa ni coartar el derecho ciudadano a informarse y expresarse, sino establecer límites claros a los abusos que puedan derivarse del ejercicio irresponsable de estos derechos fundamentales.
La propuesta legislativa surge en un contexto donde la República Dominicana ha estado en el debate público sobre cómo regular la expresión en redes sociales y medios tradicionales. Abinader subrayó que el proyecto fue construido mediante conversaciones con diferentes sectores, lo que sugiere un esfuerzo por generar consenso antes de su presentación legislativa, una estrategia que busca legitimizar una medida que históricamente ha generado tensiones en democracias latinoamericanas.
El equilibrio entre derechos fundamentales
El mandatario justificó las modificaciones argumentando que toda sociedad democrática requiere establecer límites al ejercicio de derechos, particularmente cuando estos entran en colisión. La protección del honor, la intimidad y la dignidad de las personas no constituye una censura, sino un reconocimiento de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto ni ilimitado, según la perspectiva del Ejecutivo.
Las modificaciones propuestas buscan tipificar conductas específicas que podrían considerarse abusivas: difamación, calumnias, invasión de privacidad y ataques a la dignidad personal. Abinader aclaró que el proyecto no persigue perseguir el periodismo crítico ni sancionar la opinión legítima, sino regular aquello que carece de fundamento, que se difunde sabiendo que es falso, o que busca causar daño sin intención informativa válida.
La presentación de esta iniciativa refleja un cambio en la estrategia comunicacional del gobierno con respecto a temas de seguridad ciudadana y orden público. En lugar de enfocarse únicamente en medidas de represión penal tradicionales, ahora busca regular el comportamiento en espacios públicos y digitales donde se puede incitar a la violencia, difundir desinformación o atacar a funcionarios públicos de manera sistemática.
La reacción de periodistas, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación será determinante en los próximos meses. El proyecto enfrentará escrutinio legislativo en el Congreso Nacional, donde diputados de diferentes bancadas tendrán que evaluar si las modificaciones propuestas realmente responden a un equilibrio legítimo o si, contrariamente, representan un riesgo para la libertad de expresión. La historia reciente de América Latina ofrece lecciones sobre cómo legislaciones similares han sido utilizadas para perseguir críticos y limitar el espacio cívico.