El constitucionalista Nassef Perdomo advirtió este lunes que el nuevo Código Penal enfrentará múltiples impugnaciones por inconstitucionalidad, alertando sobre disposiciones que podrían comprometer derechos fundamentales garantizados en la Constitución dominicana. Su análisis pone en la mira los artículos relacionados con delitos contra el honor, específicamente la difamación y la injuria, figuras que según Perdomo deben mantener sanciones penales pero limitadas a multas, nunca a prisión preventiva.
La crítica del experto se centra en un punto crucial: la incompatibilidad entre penas de cárcel por difamación e injuria y el derecho a la libertad de expresión. Perdomo argumenta que la naturaleza jurídica de estos delitos protege bienes personales como la reputación y el honor, no intereses colectivos que justifiquen medidas de privación de libertad preventiva. Para el constitucionalista, este tipo de sanciones carcelarias trascienden los límites razonables de protección penal y se convierten en instrumentos de represión contra la expresión pública.
La preocupación del académico refleja un debate más amplio en América Latina sobre cómo los códigos penales modernos deben equilibrar la protección de derechos individuales con la garantía de libertades democráticas. República Dominicana, como signataria de tratados internacionales de derechos humanos, ha asumido compromisos explícitos ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de la libertad de expresión y prensa.
El dilema entre sanciones pecuniarias y privación de libertad
Perdomo plantea una solución específica: mantener las figuras delictivas de difamación e injuria en el ordenamiento penal, pero reemplazar las penas privativas de libertad por sanciones monetarias proporcionales. Esta aproximación busca un punto medio entre quienes defienden la despenalización total de estos delitos y quienes abogan por mantener castigos severos. El criterio del constitucionalista se alinea con decisiones recientes de cortes constitucionales en otros países latinoamericanos, que han ordenado reformas similares para adecuar sus legislaciones a estándares internacionales.
Las disposiciones cuestionadas del nuevo Código Penal también generan inquietud entre abogados especialistas en derechos humanos. El temor es que, en la práctica, estas normas puedan utilizarse como herramienta de intimidación contra periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen su derecho a criticar funcionarios públicos o instituciones. La jurisprudencia internacional ha establecido que los personajes públicos, particularmente los servidores del Estado, tienen una tolerancia mayor a la crítica como consecuencia lógica del ejercicio del poder público.
La batalla legal apenas comienza. Organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y medios de comunicación ya preparan argumentos para cuestionar las disposiciones más restrictivas del nuevo código ante la Suprema Corte de Justicia. Perdomo anticipa que estos recursos de inconstitucionalidad serán numerosos, lo que podría extender el debate legislativo y jurisprudencial durante meses o incluso años. Mientras tanto, la incertidumbre sobre cuáles artículos realmente prevalecerán crea un ambiente de cautela en sectores que dependen de garantías constitucionales para su funcionamiento ordinario.