Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, alertó sobre cambios en la reforma del Código Penal que acortarían los plazos para que víctimas de agresiones sexuales denuncien los delitos. La modificación, según el político, beneficiaría a los agresores al limitar las oportunidades de acceso a la justicia.
La denuncia surge en momentos cuando la República Dominicana continúa debatiendo reformas legislativas en materia penal. Pujols advirtió que reducir los tiempos de prescripción en casos de violencia sexual contra menores contradice los compromisos internacionales del país en protección de infancia y acceso a justicia.
La preocupación del dirigente peledeísta toca un punto neurálgico en el sistema judicial dominicano. Los plazos de denuncia en delitos sexuales son críticos porque muchas víctimas, especialmente menores, enfrentan barreras emocionales, psicológicas y sociales que retrasan el reporte del abuso. Acortar estos períodos podría dejar sin protección legal a decenas de casos que, por la naturaleza del trauma, solo salen a la luz años después.
La prescripción como arma de impunidad
El mecanismo de prescripción en delitos sexuales ha sido históricamente problemático en América Latina. Países como Argentina, México y Chile han avanzado hacia eliminar la prescripción en violaciones y abusos contra menores, reconociendo que estos crímenes dejan cicatrices que trascienden el tiempo.
La reforma propuesta en el Código Penal dominicano plantea una regresión en ese sentido. Si se aprueba la reducción de plazos, estaría enviando un mensaje contradictorio: el Estado dice proteger a menores, pero les cierra las puertas judicales más rápidamente. Esta paradoja ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos en toda la región.
Las víctimas de agresiones sexuales requieren tiempo no solo para recuperarse emocionalmente, sino para reconocer que fueron abusadas. Los estudios de psicología traumática demuestran que el tiempo promedio entre el abuso y la revelación puede ser de 15 a 20 años o más. Reducir plazos de prescripción ignora esta realidad científica.
Pujols enfatizó que cualquier cambio al Código Penal debe fortalecer, no debilitar, las herramientas para perseguir delitos contra menores. La propuesta, tal como se planteó, representaría un retroceso legal que privilegiaría a perpetradores sobre víctimas.
La denuncia del secretario general del PLD genera un nuevo punto de fricción en el proceso de reforma penal, que ya ha sido controvertido por otros sectores. El debate sobre qué hacer con el Código Penal se ha convertido en un termómetro de los valores que la sociedad dominicana está dispuesta a defender en materia de justicia y protección infantil.
La próxima fase es ver si el Congreso Nacional retoma estas observaciones o continúa con la ruta legislativa propuesta. La respuesta dirá mucho sobre las prioridades reales del Estado dominicano.