El Senado de la República aprobó cambios sustanciales a la reforma de la Policía Nacional que transforman los mecanismos de control interno y disciplina dentro de la institución. Las modificaciones endurecen significativamente los controles contra la corrupción policial, crean estructuras independientes para investigar y sancionar a uniformados, y eliminan prácticas que durante años permitieron destacamentos permanentes en empresas privadas.
El proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional ingresó al Senado con un contenido específico, pero los senadores introdujeron al menos cinco cambios estratégicos que afectan directamente la gobernanza y la ética de la institución. Entre las modificaciones más relevantes destaca la ampliación de facultades para la Dirección de Asuntos Internos, el órgano encargado de investigar irregularidades y delitos cometidos por efectivos policiales.
Uno de los cambios más polémicos que enfrentaba la reforma antes de llegar al Senado era la permisión de destacamentos permanentes de agentes en empresas privadas. Esta práctica, común en el país durante décadas, generaba conflictos de interés y permitía que policías utilizaran recursos estatales para labores corporativas. La nueva redacción prohíbe explícitamente estos destacamentos permanentes, aunque aún permite colaboraciones puntuales bajo supervisión y autorización formal de la cúpula policial.
Un nuevo régimen disciplinario sin conflictos de interés
Quizás la modificación más estructural aprobada por el Senado fue la creación de un nuevo régimen disciplinario que separa las funciones de investigación y sanción. Hasta ahora, en muchos casos, el mismo oficial investigaba una falta y luego recomendaba la sanción, creando un proceso que expertos en gobernanza consideraban viciado desde su origen. Con esta reforma, la investigación corre por cuenta de un órgano y la imposición de sanciones por otro, eliminando ese conflicto inherente.
Los senadores también establecieron reglas más detalladas y específicas para los registros preventivos de domicilios y locales. Estas normas buscan evitar abusos durante allanamientos y establecen protocolos claros sobre cuándo, cómo y bajo qué supervisión puede realizarse una búsqueda domiciliaria. La transparencia en estos procedimientos ha sido una demanda histórica de organizaciones de derechos humanos en la República Dominicana.
El fortalecimiento de los controles internos responde a una realidad que trasciende gobiernos: la Policía Nacional ha enfrentado durante años escándalos por corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Oficiales han sido capturados traficando droga, ejecutando civiles sin justificación y operando redes criminales desde dentro de la institución. Estas modificaciones legislativas buscan hacer más difícil que esas prácticas prosperen en el futuro.
Ahora corresponde al Ejecutivo reglamentar estos cambios y dotarlos de presupuesto para que funcionen efectivamente. De nada sirve una ley robusta si los órganos de control carecen de recursos, personal capacitado e independencia real. La aprobación senatorial representa un paso legislativo importante, pero la verdadera prueba será cómo se implementan estos mecanismos en la práctica cotidiana de la institución policial dominicana.