El presidente Luis Abinader reconoció este martes la legitimidad de los cacerolazos que han resonado en las calles dominicanas durante los últimos días, pero defendió su gestión gubernamental ante cuestionamientos sobre medidas fiscales, reformas penales y el costo de la canasta familiar que generan malestar entre sectores de la población.
Los tambores de protesta han retornado a la geografía nacional con mayor intensidad después de semanas de relativa calma política. A diferencia de movilizaciones previas concentradas en apagones e intentos de reforma tributaria, esta ola de inconformidad es más diversa: engloba reclamos sobre impuestos vigentes, artículos del Código Penal relacionados con la libertad de expresión, y la crisis persistente del poder adquisitivo que castiga a los dominicanos en los mercados.
Durante su intervención ante periodistas, el mandatario no eludió el tema central que ocupa la agenda pública. Abinader reconoció que los cacerolazos constituyen una forma legítima de expresión ciudadana, un punto de partida que marca distancia con gobiernos anteriores que minimizaban o criminalizaban las protestas. Sin embargo, su postura defensiva sobre las políticas implementadas sugiere que el Ejecutivo no prevé cambios sustanciales en su curso económico ni en los ajustes normativos en discusión.
La tensión entre legitimidad y resistencia política
Los cacerolazos dominicanos tienen raíces profundas en la cultura de protesta del país. Fueron particularmente intensos en 2023 cuando apagones sistemáticos afectaban sectores enteros durante horas, y nuevamente cuando se planteó una reforma tributaria que el Gobierno posteriormente desistió de implementar. Ahora, la multiplicidad de demandas refleja un descontento más amplio y menos coyuntural que ataca el núcleo de las políticas económicas de la administración.
El costo de la canasta familiar continúa en niveles que impactan el consumo de hogares de ingresos medios y bajos. Los impuestos actuales, aunque no fueron aumentados recientemente de manera masiva, se perciben como un peso adicional sobre presupuestos domésticos ya comprimidos. Estos factores crean un terreno fértil para la protesta, especialmente cuando se suman preocupaciones sobre restricciones a la libertad de expresión en el Código Penal, un tema que moviliza a periodistas, comunicadores y defensores de derechos.
La respuesta presidencial hasta el momento ha priorizado la legitimación de las formas de protesta sobre la apertura a negociaciones sobre los contenidos de las demandas. Este enfoque permite al Gobierno proyectar una imagen democrática mientras mantiene sus posiciones de fondo. Sin embargo, la persistencia y diversificación de los cacerolazos sugieren que sectores amplios de la sociedad no encuentran canales efectivos para ser escuchados en sus preocupaciones económicas y políticas.
Las próximas semanas determinarán si estos cacerolazos evolucionan hacia movilizaciones más organizadas o si se dispersan como protestas puntuales. Lo cierto es que la administración Abinader enfrenta el desafío de mantener gobernabilidad en un contexto donde la aceptación formal de las protestas no reduce necesariamente su presión política ni las expectativas de cambio que portan las calles.