El presidente Luis Abinader defendió ayer la legitimidad del proceso de reforma al Código Penal, asegurando que las modificaciones depositadas ante el Congreso Nacional son producto de meses de diálogo con diversos sectores, no una respuesta improvisada a las críticas recientes. Durante una entrevista con el Grupo de Comunicaciones Corripio, el mandatario buscó desmontar la percepción de que el Ejecutivo actuó de manera apresurada o unilateral en la redacción de los cambios legislativos.
Abinader enfatizó que el trabajo de consenso involucró representantes de distintos sectores de la vida nacional, aunque no especificó cuáles fueron las organizaciones participantes ni cuáles sectores tuvieron mayor incidencia en la redacción final. Esta aclaración llega en medio de un debate público intenso sobre contenidos específicos del nuevo código, que ha generado reacciones encontradas entre grupos religiosos, de derechos humanos y la sociedad civil.
La defensa presidencial responde a las críticas que surgieron tras la presentación de la reforma. Diversos sectores cuestionaron que ciertos artículos no reflejaban sus posiciones o que los cambios favorecían perspectivas que ellos no compartían. El mandatario aprovechó la ocasión para reivindicar el derecho a protestar como parte del ejercicio democrático, señalando que en una democracia es legítimo que la población exprese desacuerdo con las decisiones gubernamentales.
El debate sobre la legitimidad del proceso legislativo
La estrategia comunicacional del Ejecutivo intenta legitimar el Código Penal mediante la narración de un proceso consultivo extenso. Sin embargo, en el espacio público persiste la interrogante sobre si el nivel de participación fue real o si ciertos sectores fueron marginados de las discusiones. La ausencia de detalles sobre el cronograma, los actores convocados y el peso de cada opinión en la versión final permite que persistan dudas sobre la profundidad del consenso.
El nuevo Código Penal enfrenta cuestionamientos particularmente intensos respecto a artículos vinculados con derechos reproductivos, delitos sexuales y disposiciones sobre violencia de género. Organizaciones de mujeres, activistas LGBTIQ+ y congregaciones religiosas han expresado posiciones divergentes sobre estas materias, lo que sugiere que no todas las perspectivas llegaron al mismo nivel en la negociación final.
La presentación ante el Congreso marca una etapa crucial en el proceso legislativo. Aunque Abinader insiste en que la reforma fue construida mediante diálogo, los legisladores tendrán la oportunidad de abrir nuevamente el debate y permitir que actores que se sintieron excluidos puedan incidir en las discusiones parlamentarias. Este es el momento en que la reforma enfrentará su mayor escrutinio público y técnico.
La posición del presidente refleja un esfuerzo por cerrar la narrativa en torno a la consulta, posicionando la propuesta como legítima y participativa. Sin embargo, la continuidad de las críticas sugiere que para amplios sectores, la discusión sobre la reforma está lejos de concluida, independientemente de cuántos meses haya durado el proceso de consenso inicial.