Participación Ciudadana cuestionó las decisiones judiciales recientes en los casos contra los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, argumentando que ambos debieron haber sido enviados a juicio de fondo. La organización cívica sostiene que la etapa de juicio es fundamental para desarrollar plenamente la actividad probatoria y garantizar el derecho al debate contradictorio en los procesos penales dominicanos.
La posición fue expuesta a través del 9no. Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, documento que PC presentó este fin de semana como parte de su trabajo de seguimiento a los principales procedimientos por corrupción administrativa en el país. El organismo no partidista mantiene un monitoreo continuo sobre cómo avanzan estos casos en el sistema de justicia.
Para Participación Ciudadana, la decisión de no enviar a juicio estos casos representa una desviación de lo que debería ocurrir en un proceso penal garantista. La organización enfatiza que es precisamente en la fase de juicio donde se materializa el debate probatorio entre acusación y defensa, elemento esencial para que exista verdad jurídica en cualquier procedimiento criminal.
El debate sobre las garantías procesales en casos de corrupción
La crítica de PC toca un punto neurálgico del sistema de justicia dominicano: la brecha entre las garantías constitucionales y su aplicación real en casos de corrupción administrativa. Cuando una jueza decide cerrar un caso sin enviar a juicio, se evita la fase donde la defensa puede desplegar plenamente sus argucias y donde los jueces del tribunal pueden evaluar directamente la credibilidad de testigos y peritos.
Este tipo de decisiones tempranas en procesos por corrupción ha generado históricamente críticas tanto de organizaciones de derechos humanos como de sectores que ven en ellas una forma de debilitar la acción de la justicia. El equilibrio entre agilidad procesal y garantías del acusado sigue siendo un desafío sin resolver en la República Dominicana.
El Observatorio de Corrupción Administrativa de Participación Ciudadana ha documentado durante años cómo avanzan los casos emblemáticos de corrupción en el país. Este informe número nueve continúa esa línea de fiscalización ciudadana sobre casos que, por su magnitud o impacto público, merecen seguimiento permanente.
La organización mantiene que sin que los casos lleguen a juicio de fondo, el sistema no puede garantizar plenamente el acceso a la justicia tanto de las víctimas como de los acusados. PC reclama transparencia en cada etapa y que las decisiones judiciales se fundamenten en criterios que respeten tanto el debido proceso como la efectividad de la investigación penal.
Esta posición forma parte de la estrategia más amplia de Participación Ciudadana de presionar por un sistema de justicia que funcione con criterios predecibles y garantistas, sin que la corrupción administrativa quede en impunidad ni que se vulneren derechos fundamentales en el camino.