Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), exigió el pasado sábado detener la entrada en vigencia del nuevo Código Penal prevista para el 3 de agosto, argumentando que el proyecto contiene disposiciones que funcionan como una «ley mordaza» y modificaciones perjudiciales en materia de delitos sexuales contra menores. El dirigente político demandó un aplazamiento de mínimo un año para realizar un debate nacional riguroso sobre el tema.
Durante su intervención, Castillo cuestionó específicamente los cambios en los plazos de prescripción para delitos sexuales contra menores de edad incorporados en el nuevo código. Según su análisis, estas modificaciones favorecerían a los victimarios en lugar de proteger a las víctimas, limitando la capacidad y las oportunidades para que los menores agredidos denuncien a sus agresores en un futuro próximo. El ex candidato presidencial enfatizó que estas medidas debilitarían el acceso a la justicia para los sobrevivientes.
Debate sobre restricciones a la libertad de expresión
Castillo también cuestionó la denominada «ley mordaza» que, según su interpretación, estaría contenida en las disposiciones del nuevo Código Penal. El precandidato presidencial subrayó la importancia de un tiempo prudente y suficiente para debatir nacional, seria y transparentemente los cambios que se introducirían en la legislación penal dominicana. Su posición sugiere preocupación por disposiciones que pudieran restringir libertades fundamentales, particularmente la de expresión.
La demanda de Castillo se produce en un contexto de considerable debate público sobre la implementación del nuevo Código Penal. El entonces Gobierno de Luis Abinader promovió la entrada en vigencia de esta legislación tras un proceso de redacción que ha generado opiniones divididas entre sectores políticos, sociales y académicos del país. La posición del dirigente peledeísta refleja una tensión política sobre cómo debe regularse el sistema penal dominicano en materia de libertades ciudadanas y protección de víctimas.
El llamado de Castillo para pausar la implementación encuentra respuesta en críticas previas de diversos sectores que han cuestionado aspectos específicos del nuevo código. La demanda por un período de debate más extenso indica que existe espacio para renegociar aspectos del proyecto antes de su vigencia, aunque la viabilidad de este aplazamiento dependería de decisiones del Poder Ejecutivo y posibles acuerdos legislativos que aún no se han materializado públicamente.
Las posiciones del precandidato peledeísta sobre el nuevo Código Penal se enmarcan en su campaña presidencial y reflejan el uso de temas legales como diferenciadores políticos entre candidatos. La discusión sobre prescripción de delitos sexuales y libertad de expresión permanece como uno de los aspectos más sensibles y controvertidos del nuevo código penal dominicano.