La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió este domingo que cada día que transcurra sin la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representa una victoria para la criminalidad organizada. A través de sus redes sociales, la magistrada hizo un llamado directo a los sectores de la sociedad dominicana para priorizar la aprobación de esta normativa, argumentando que la legislación penal actual, vigente desde 1884, se ha vuelto obsoleta frente a las modalidades delictivas contemporáneas.
«Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad«, expresó Reynoso en su mensaje público, subrayando que el retraso en la implementación de esta herramienta legal beneficia únicamente a quienes operan en los márgenes de la ley. La procuradora enfatizó que el país requiere urgentemente una normativa adaptada a la realidad del 2026, capaz de responder a los desafíos de seguridad que enfrenta la nación dominicana.
Un código penal de casi dos siglos en una realidad criminal moderna
El proyecto del nuevo Código Penal ha sido un tema de debate legislativo durante años, con múltiples intentos de aprobación que han enfrentado resistencia de diversos sectores. La normativa vigente, redactada en el siglo XIX, carece de disposiciones específicas para delitos que surgieron con la era digital, como los crímenes cibernéticos, el tráfico de datos personales y la suplantación de identidad. Además, no contempla adecuadamente las estructuras complejas del crimen organizado contemporáneo ni las modalidades sofisticadas de lavado de activos.
Las deficiencias del código penal dominicano de 1884 no son un secreto para los operadores de justicia. Fiscales, jueces y abogados han documentado repetidamente cómo esta normativa permite vacíos legales que facilitan la impunidad. Delitos como el tráfico de drogas, la extorsión electrónica y el robo de identidad operan en zonas grises de la ley, mientras que las penas establecidas resultan desproporcionadas o insuficientes para castigar conductas contemporáneas de alto impacto social.
La posición de Reynoso refleja una frustración creciente en la institucionalidad penal dominicana. Como cabeza del Ministerio Público, la procuradora ha sido testigo directo de cómo sus fiscales deben adaptar argumentaciones a un marco legal decimonónico para perseguir crímenes del siglo XXI. Esta limitación estructural no solo debilita la capacidad estatal de investigación y prosecution, sino que también genera sentencias inconsistentes y recursos legales que terminan favoreciendo a los acusados.
El nuevo Código Penal, según los avances conocidos públicamente, incluiría capítulos específicos sobre delitos tecnológicos, una clasificación más clara de los crímenes violentos y penas proporcionales a infracciones modernas. También establecería procedimientos más ágiles para casos de crimen organizado y endurecería las sanciones para delitos contra la seguridad pública, un área donde la impunidad ha alcanzado niveles críticos en República Dominicana.
El llamado de Reynoso busca generar presión política sobre el Congreso Nacional para acelerar un proceso que, aunque avanzado en el análisis técnico, sigue estancado en trámites legislativos. Para la procuradora, el costo de la inacción no es abstracto: cada semana que pasa sin el nuevo código representa casos sin resolver, criminales operando sin temor a penas adecuadas y ciudadanía expuesta a delitos que la ley actual no puede sancionar efectivamente.