Una inspección realizada por la oficina del Defensor del Pueblo en el destacamento policial de Santo Domingo Este confirmó condiciones críticas de hacinamiento e insalubridad en las instalaciones donde funciona la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. La visita, encabezada por la primera adjunta del Defensor del Pueblo, Ana Martich, junto a un equipo de abogados de la Secretaría General, documentó las deficiencias en las que permanecen las personas privadas de libertad en ese sitio.
El organismo defensor de derechos fundamentales emitió un comunicado oficial denunciando la insalubridad generalizada y el hacinamiento que caracterizan al destacamento. La institución advierte sobre riesgos sanitarios directos derivados de estas condiciones, un hallazgo que refleja problemas estructurales en la infraestructura carcelaria dominicana que trasciende este destacamento específico.
Las instalaciones del destacamento, ubicadas en el municipio de Santo Domingo Este, no cuentan con la capacidad operativa para albergar adecuadamente la población detenida en espera de procesamiento. Martich y su equipo constataron durante la visita que el espacio disponible no corresponde con el número de personas detenidas, lo que genera riesgos inmediatos para la salud y la dignidad de los reclusos.
Déficit de infraestructura carcelaria en el país
Este problema no constituye un caso aislado en la República Dominicana. Las cárceles y destacamentos policiales del país enfrentan históricamente problemas de sobrepoblación y condiciones insalubres, situación que ha sido documentada por organismos internacionales de derechos humanos. El Defensor del Pueblo ha realizado inspecciones rutinarias en centros de detención, pero los hallazgos repetitivos sugieren que las recomendaciones no se han convertido en acciones correctivas de fondo.
La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, a pesar de su propósito especializado, opera con limitaciones presupuestarias y de espacio físico que impiden cumplir adecuadamente su función. Estas víctimas requieren protección especial durante el proceso de investigación, pero el destacamento carece de separaciones adecuadas y de un ambiente seguro que garantice su integridad durante su permanencia.
El Defensor del Pueblo, como institución autónoma responsable de vigilar el cumplimiento de derechos constitucionales, ha formalizado sus hallazgos en un informe oficial. La denuncia incluye recomendaciones dirigidas a las autoridades penitenciarias y policiales para que implementen medidas inmediatas de mejora, aunque la efectividad de estas recomendaciones ha sido cuestionada en el pasado por la falta de seguimiento administrativo.
Las autoridades nacionales enfrentan una presión creciente para resolver el colapso del sistema carcelario dominicano. Más allá del destacamento de Santo Domingo Este, el hacinamiento afecta a docenas de centros de detención en todo el territorio, generando un ciclo de violaciones a derechos humanos que compromete la legitimidad del sistema de justicia penal dominicano y expone al Estado a sanciones internacionales.