El entorno más cercano del presidente Nayib Bukele ha acumulado fortunas en poco tiempo, mientras el Estado salvadoreño reduce sus mecanismos de fiscalización y auditoría. El caso de Ernesto Sanabria, secretario de Prensa presidencial, ejemplifica cómo personajes sin trayectoria empresarial previa han multiplicado sus patrimonios tras ingresar al círculo de poder. Este fenómeno coincide con préstamos de dudosa procedencia y una laxitud regulatoria que caracteriza la actual administración.
La concentración de riqueza en manos de colaboradores presidenciales representa un giro radical respecto a los discursos iniciales de Bukele, quien en 2019 prometió combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de funcionarios. Sin embargo, los registros disponibles muestran que la familia presidencial y su círculo íntimo han adquirido propiedades, empresas y participaciones accionarias a una velocidad inusual, sin que existan explicaciones públicas claras sobre las fuentes de esos recursos.
De funcionarios a magnates en menos de seis años
El caso de Sanabria es particularmente revelador. Antes de ocupar su cargo en la presidencia, no poseía activos significativos ni figuraba en registros mercantiles como empresario. Tras su llegada al Gobierno, sus propiedades se multiplicaron sustancialmente. Otros miembros del círculo íntimo de Bukele han seguido trayectorias similares: desde secretarios de despacho hasta operadores políticos que ahora controlan empresas de telecomunicaciones, construcción y servicios financieros.
La Unidad de Investigación Financiera de El Salvador, que debería monitorear estos movimientos, ha visto mermada su capacidad operativa. Fuentes internas del organismo reportan presión política para no abrir investigaciones a colaboradores del Gobierno. Simultaneously, los préstamos otorgados por instituciones financieras públicas y privadas a personas del círculo presidencial han crecido sin que se cumplan los procedimientos de evaluación crediticia estándar.
La Superintendencia de Valores tampoco ha actuado frente a irregularidades en transacciones de acciones vinculadas a estas personas. Operaciones que en otros contextos habrían generado investigaciones por posible lavado de activos o enriquecimiento ilícito han pasado desapercibidas. La debilidad institucional se agudiza cuando los magistrados de la Corte de Justicia son designados con criterios políticos afines al Ejecutivo.
El fenómeno de los nuevos oligarcas bukeleños no es aislado. Revela un patrón de captura estatal donde la institucionalidad se pliega a los intereses de un círculo reducido. Mientras que ciudadanos comunes enfrentan restricciones crediticias y tributarias rigurosas, el entorno presidencial opera bajo reglas distintas. Las fortunas acumuladas contrastan con las promesas de transparencia y austeridad que marcaron la campaña presidencial de 2018.
Especialistas en gobernanza han alertado que este modelo de enriquecimiento concentrado genera efectos economía a largo plazo: distorsiona la competencia mercantil, desalienta la inversión privada legítima y profundiza la desigualdad. La clase media salvadoreña observa cómo quienes tienen acceso al poder logran en meses lo que otros tardan décadas. Esta realidad alimenta resentimientos políticos y deteriora la confianza institucional, los mismos males que Bukele decía combatir.