Gonzalo Castillo, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Obras Públicas, cuestionó este sábado las modificaciones realizadas al proyecto de Código Penal y demandó aplazar su entrada en vigencia. El dirigente político criticó que el Gobierno proclame consenso mientras mantiene disposiciones que, a su juicio, criminalizan la difamación contra funcionarios públicos y restringen el debate sobre asuntos de interés nacional.
A través de sus redes sociales, Castillo expresó preocupación por artículos específicos del texto que considera represivos. Señaló que las modificaciones incorporadas en los últimos días contradicen el discurso oficial de diálogo y acuerdo, transformando el código en un instrumento potencialmente utilizado para silenciar críticas hacia la administración pública.
El exfuncionario del gobierno anterior planteó que «no se puede hablar de consenso cuando el texto mantiene disposiciones que penalizan la difamación contra quienes ejercemos crítica». Esta posición refleja una tensión dentro del espectro político sobre los alcances y limitaciones que debe tener el nuevo código penal, especialmente en materia de libertad de expresión.
Presiones en torno a un texto controversial
El Código Penal ha sido objeto de intenso debate desde su redacción inicial. Diversos sectores, incluyendo organizaciones de derechos humanos, académicos y figuras políticas, han expresado reservas sobre ciertos artículos. La cuestión de las límites entre proteger la dignidad de los funcionarios y garantizar el derecho a criticar la gestión pública se ha convertido en un punto de fricción significativo en las negociaciones legislativas.
Castillo propone que se aplace la implementación del código hasta que exista verdadero consenso entre los actores políticos. Esta posición busca evitar que la ley entre en vigencia con disposiciones que podrían afectar el ejercicio periodístico y la participación ciudadana en debates públicos, aspectos considerados fundamentales en una democracia.
El planteamiento del precandidato peldista coincide con preocupaciones expresadas por otros sectores sobre la viabilidad jurídica y política de aplicar ciertas sanciones penales a críticas dirigidas hacia funcionarios públicos, práctica que podría contravenir estándares internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
La posición de Castillo representa una apuesta política clara hacia la base electoral del PLD, enfatizando su compromiso con las libertades democráticas frente a iniciativas que considera restrictivas. Sin embargo, también refleja divisiones más amplias dentro de la clase política dominicana respecto a cómo equilibrar la seguridad jurídica, el orden público y los derechos civiles en el nuevo marco penal.