Jean Alain Rodríguez, exjefe de la Procuraduría General de la República, lanzó un llamado público para que la sociedad dominicana enfrente un debate profundo sobre los límites del poder estatal en materia penal. El mensaje, expuesto a través de un ensayo donde analiza los riesgos de la persecución selectiva, refleja una preocupación creciente sobre cómo se ejerce la justicia cuando los mecanismos de investigación pierden sus restricciones constitucionales.
En el texto titulado «Cuando la justicia deja de perseguir delitos y comienza a perseguir personas», Rodríguez plantea una distinción crítica: la diferencia entre un sistema que investiga hechos punibles y uno que apunta contra individuos específicos. Esta reflexión emerge en un contexto donde las garantías procesales se han vuelto un tema controversial en República Dominicana, especialmente tras varios casos de alto perfil que generaron debate sobre el uso de la arquitectura judicial.
El riesgo de la persecución sin límites
La intervención del exfuncionario no es casual. Rodríguez estuvo al frente de la Procuraduría durante años decisivos para la institucionalidad penal del país, período en el cual presenció transformaciones en las prácticas investigativas y en el ejercicio del poder de persecución. Su posición actual como observador permite una lectura sin presiones inmediatas sobre cómo operan estos mecanismos.
El punto nodal de su argumento es que cuando una sociedad no define claramente los límites de la actividad de persecución penal, se abre la puerta a abusos. Un sistema sin restricciones visibles genera desconfianza institucional y erosiona la premisa fundamental de que todos son iguales ante la ley. La persecución selectiva socava esta base porque, inevitablemente, algunos ciudadanos experimentan el poder punitivo del Estado mientras otros no.
El llamado de Rodríguez toca un nervio sensible en la política dominicana actual. El país ha visto en años recientes la captura de figuras políticas, empresariales y judiciales en operativos de alto impacto. Aunque muchos de estos casos han avanzado en los tribunales, la forma y los tiempos de su ejecución han generado debates sobre proporcionalidad y equidad.
La «conversación seria» que solicita el exprocurador implica varias preguntas que la República Dominicana debe formularse: ¿Quién define cuándo comienza una investigación y cuándo termina? ¿Existen criterios públicos y consistentes para la persecución penal, o responde a dinámicas políticas? ¿Cómo se protege a los investigados de un ejercicio arbitrario de poder? Estas no son cuestiones técnicas sino fundamentales para la convivencia democrática.
La propuesta de Rodríguez, aunque no especifica medidas concretas en los fragmentos disponibles, apunta hacia la necesidad de fortalecer los marcos legales e institucionales que contengan el poder de persecución. Esto incluye desde la independencia real de la Procuraduría hasta mecanismos de revisión externa de decisiones investigativas.
Para una sociedad que ha enfrentado rupturas institucionales en su historia reciente, este tipo de reflexión desde actores con experiencia en la gestión pública resulta relevante. Rodríguez no plantea obstaculizar la justicia, sino asegurar que funcione dentro de límites claros que protejan tanto a la sociedad como a los derechos individuales.