El diputado Ramón Raposo (PRD) respalda nuevamente la modificación del Código Penal, particularmente la eliminación del artículo 310 sobre ultraje a funcionarios, una propuesta que presentó hace un año durante los debates legislativos pero que fue rechazada por la mayoría congresual en ese momento.
El legislador perredista reiteró su posición crítica sobre varios artículos del código vigente, argumentando que restringen la libertad de expresión ciudadana. Raposo había presentado estas observaciones cuando aún se discutía la aprobación del cuerpo normativo en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero su iniciativa no contó con los votos necesarios para prosperar.
Ahora, tras la entrada en vigencia del Código Penal, Raposo mantiene su postura sobre la necesidad de ajustar estas disposiciones legales. Su reclamo se alinea con un debate más amplio que ha ganado tracción en sectores de la sociedad civil, medios de comunicación y académicos que consideran que ciertos artículos del nuevo código limitan excesivamente el derecho a la expresión.
El ultraje a funcionarios como punto de conflicto
El artículo 310 ha sido particularmente controversial desde la aprobación del Código Penal en República Dominicana. Esta disposición tipifica como delito el ultraje a servidores públicos, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y libertades fundamentales, quienes advierten sobre su potencial uso para silenciar críticas legítimas contra funcionarios gubernamentales.
La posición de Raposo refleja una tensión recurrente en los ordenamientos jurídicos modernos: equilibrar la protección de la dignidad de los funcionarios públicos con el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión. Los críticos del artículo 310 argumentan que criminalizar el ultraje puede servir como herramienta de represión contra periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen su derecho a criticar y cuestionar a las autoridades.
Desde su aprobación en 2022, el Código Penal dominicano ha generado múltiples debates sobre sus alcances. Raposo no es la única voz que ha cuestionado estos artículos. Organizaciones de derechos humanos, gremios de periodistas y académicos han señalado que varias disposiciones requieren revisión urgente para adecuarse a estándares internacionales de libertad de expresión.
La reiteración de la postura del diputado Raposo sugiere que la discusión sobre modificaciones al Código Penal podría retomar impulso en el Congreso Nacional. Sin embargo, cualquier cambio normativo requeriría vencer la resistencia de los votos que rechazaron la propuesta hace un año, lo que implica un desafío político considerable en la actual composición de la cámara legislativa.
El debate sobre estas modificaciones trasciende el ámbito legislativo y toca aspectos fundamentales del Estado de derecho en la República Dominicana, donde la tensión entre seguridad institucional y libertades ciudadanas continúa siendo un punto de fricción entre sectores políticos y la sociedad civil.