Franklin Romero, senador por Duarte y presidente de la comisión especial que analizó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, rechazó este viernes las acusaciones de aprobación acelerada. Según Romero, la iniciativa fue sometida a un estudio exhaustivo de aproximadamente ocho meses antes de ser aprobada en primera lectura por el Senado. El legislador defendió el trabajo legislativo realizado y cuestionó las críticas que surgieron tras la votación.
Romero precisó que el proyecto de reforma llegó a la comisión en noviembre de 2025 y estuvo bajo análisis continuo durante el período indicado. Esta cronología contradice los argumentos de quienes sostienen que la reforma policial fue procesada sin el debido estudio. El senador subrayó que «el proyecto fue ampliamente analizado» antes de avanzar en el proceso legislativo, sugiriendo que la comisión cumplió con los protocolos establecidos para este tipo de iniciativas de gran envergadura.
La defensa de Romero adquiere relevancia en un contexto donde la reforma policial genera tensiones políticas y sociales. Los críticos argumentaban que una aprobación veloz comprometería la calidad de la transformación institucional que requiere la Policía Nacional. Sin embargo, el presidente de la comisión especial argumenta que el lapso de ocho meses permite descartar cualquier acusación de precipitación en el proceso legislativo.
Un proceso legislativo bajo escrutinio político
La reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional representa uno de los proyectos más sensibles en agenda legislativa dominicana. Cualquier cambio en la estructura, funcionamiento o autoridades de la institución policial genera debate entre legisladores, expertos y sectores de la sociedad civil. Las críticas iniciales sobre una supuesta celeridad en la aprobación reflejaban preocupaciones legítimas sobre si se había permitido suficiente tiempo para consultas, análisis técnico y consideración de posiciones diversas.
La insistencia de Romero en que el proyecto permaneció bajo estudio durante aproximadamente ocho meses sugiere que la comisión realizó sesiones de trabajo, recibió testimonios y evaluó diferentes perspectivas sobre la reforma. Este tipo de análisis requiere tiempo para revisar disposiciones legales, consultar con expertos en seguridad pública y evaluar el impacto potencial de los cambios propuestos en la operatividad policial.
El rechazo a las acusaciones de aprobación acelerada también implica una defensa implícita del trabajo legislativo realizado. Romero buscaba establecer que la comisión no fue negligente y que los legisladores que votaron a favor de la iniciativa lo hicieron tras un análisis responsable. Esto adquiere importancia porque la reforma de instituciones de seguridad requiere legitimidad legislativa y respaldo técnico para implementarse efectivamente.
Las declaraciones del senador duartense cierran un ciclo importante en el proceso de aprobación inicial del proyecto, aunque la reforma aún enfrenta etapas posteriores en el Senado. La defensa pública del proceso legislativo realizado por Romero indica que la comisión está dispuesta a justificar y sustentar sus acciones ante cualquier cuestionamiento sobre la diligencia y rigor aplicados al estudio de la iniciativa.