Jean Alain Rodríguez, exProcurador General de la República, cuestionó públicamente el manejo de su proceso penal y advirtió sobre el riesgo de que la justicia pierda legitimidad cuando prioriza perseguir personas en lugar de hechos delictivos. A través de un artículo de opinión divulgado el 10 de julio, el funcionario argumentó que su caso ha trascendido los límites legales establecidos, generando una nueva discusión sobre los alcances del sistema penal dominicano y el uso de procesos judiciales como mecanismo de castigo previo a sentencia.
Rodríguez enfrenta cargos de presunta corrupción administrativa y se le atribuye haber dirigido una estructura delictiva desde la Procuraduría General. Sin embargo, su postura actual se enfoca en cuestionar no la acusación en sí, sino el procedimiento y los criterios aplicados en su persecución judicial. El argumento central de su denuncia se centra en que el proceso penal se ha convertido en una herramienta de castigo anticipado, independientemente del resultado final del juicio.
Esta declaración abre un debate que trasciende el caso particular de Rodríguez. La distinción entre persecución de hechos y persecución de personas es fundamental en derecho penal. La primera obedece a principios de legalidad y debido proceso; la segunda responde a criterios políticos o discrecionales que comprometen la imparcialidad. La acusación implícita de Rodríguez sugiere que su caso podría estar enmarcado en esta segunda categoría, lo que erosionaría la confianza pública en instituciones que deben mantener neutralidad.
El riesgo de la legitimi-dad judicial comprometida
Un sistema de justicia que utiliza procesos penales como castigo previo enfrenta un dilema institucional grave. Aunque un acusado sea eventualmente condenado, si durante el proceso se evidencia que fue sometido a procedimientos más severos que otros, o que se aplicaron estándares distintos, la sentencia resultante pierde peso moral y legal. La sociedad percibe arbitrariedad, no justicia.
En República Dominicana, los cuestionamientos sobre el uso selectivo de la justicia penal no son nuevos. Casos de figuras políticas, empresariales y militares han generado discusiones similares sobre si la persecución obedece a hechos comprobables o a criterios de conveniencia política. Rodríguez advierte que cuando esto ocurre, la institución judicial pierde la legitimidad necesaria para cumplir su función fundamental: garantizar derechos e impartir justicia con equidad.
El reclamo del exprocurador plantea una pregunta incómoda para el sistema: ¿existe un estándar único de procedimiento penal aplicable a todos, o existen criterios diferenciados según la posición política o social del acusado? Si la respuesta es la segunda, el sistema adolece de un defecto estructural que ninguna sentencia individual puede resolver.
Independientemente de la culpabilidad o inocencia de Rodríguez en los cargos específicos que enfrenta, su denuncia sobre el uso del proceso como castigo anticipado constituye una crítica válida al funcionamiento de la justicia dominicana. Esta crítica merece respuesta institucional clara, no solo defensas legales puntuales en tribunales. El desafío es restaurar una arquitectura judicial donde los procedimientos sean predecibles, equitativos y respaldados en evidencia comprobable, no en narrativas políticas.